Por Alfredo Muñiz
Crónica de un Gobierno que descubrió que las emergencias también tienen horario de oficina y que agosto, como todo el mundo sabe, es mes de pensar despacio
En España hay dos cosas capaces de ralentizar cualquier decisión: una comisión y agosto. Si coinciden ambas, puede usted dar por seguro que la emergencia tendrá que esperar a que alguien encuentre las llaves del despacho.
Ceuta tuvo una crisis el 30 y 31 de julio. El Gobierno, según se nos cuenta, necesitó 25 días para reaccionar políticamente con toda la solemnidad administrativa que exige una emergencia nacional.
Veinticinco días.
Eso, en la política española, no es tardanza: es celeridad con denominación de origen.
Ahora ha llegado a Ceuta el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para anunciar que el Estado pondrá “todos los recursos” a disposición de la ciudad.
Todos.
La frase produce una emoción patriótica extraordinaria. Uno imagina camiones descargando recursos, funcionarios corriendo por los muelles, ministros saltando de helicópteros con carpetas bajo el brazo y una legión de subsecretarios gritando: “¡Apartad, que venimos a coordinar!”.
Pero no se precipiten.
Antes hay que aprobarlo.
Y mañana.
Porque una cosa es que exista una emergencia y otra muchísimo más peligrosa: que exista un Consejo de Ministros.
La emergencia tiene sus fases
El Gobierno explica que la crisis ha atravesado tres fases.
La primera: frenar la entrada y restablecer la integridad territorial.
La segunda: asistencia humanitaria y retornos.
La tercera: resolver expedientes, atender a menores y solicitantes de asilo y coordinarlo todo con las garantías legales y humanitarias correspondientes.
Todo muy razonable.
El problema es que entre la primera fase y la tercera existe una cuarta fase que nadie menciona porque probablemente todavía está pendiente de constituir el grupo de trabajo que deberá estudiarla:
la fase de decidir quién decide.
Y ahí es donde España alcanza su máxima expresión administrativa.
Primero se convoca una reunión.
Después una comisión.
Luego un comité.
Más tarde un grupo de coordinación.
Finalmente aparece un mando único para coordinar a todos los que coordinaban a los que iban a coordinar.
Y cuando ya está todo perfectamente coordinado, alguien pregunta:
—¿Y la emergencia?
—Eso lo estamos viendo.
El mando único
La solución anunciada es crear un mando único encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El comité incorporará al presidente de Ceuta, al delegado del Gobierno, al CNI, a varios ministerios y al Departamento de Seguridad Nacional.
Es decir, si falta alguien será el encargado del catering.
La idea de un mando único tiene una enorme ventaja: cuando las cosas no funcionen, al menos podremos saber a quién preguntar.
Aunque, naturalmente, el mando único tendrá que coordinarse con otros mandos, organismos, ministerios, delegaciones, departamentos, administraciones y posiblemente con la persona que tenga la llave del armario donde están los papeles.
Porque en España no hay nada más eficaz que crear una estructura para acelerar una decisión que llevaba semanas esperando una estructura.
¿Y qué pinta aquí el Consejo de Seguridad Nacional?
El ciudadano de a pie, que suele considerar que la seguridad nacional consiste básicamente en que no le entren a robar en casa, descubre de pronto que existe un Consejo de Seguridad Nacional.
Y se pregunta:
—¿Pero esto no estaba ya?
Estaba.
Lo que ocurre es que en política las instituciones funcionan como los paraguas: uno se acuerda de ellas cuando empieza a llover.
El Consejo de Seguridad Nacional es el órgano encargado de asesorar al presidente del Gobierno y coordinar la política de seguridad nacional. Dicho de forma menos solemne: es el lugar donde el Estado intenta conseguir que todas las piezas del tablero sepan que están jugando la misma partida.
Y eso, en una emergencia, resulta bastante útil.
Sobre todo si se hace antes de que transcurran 25 días.
Agosto: ese maravilloso mes en el que todo puede esperar
Hay que comprender también al Gobierno.
Estamos en agosto.
Agosto es ese mes mágico en España en el que las instituciones parecen entrar en modo ahorro de energía. Los despachos se vacían, los teléfonos suenan menos y las decisiones adquieren una serenidad contemplativa.
En agosto hasta las urgencias parecen necesitar cita previa.
El problema es que las fronteras no saben que estamos en agosto.
Los inmigrantes tampoco.
Los menores tampoco.
Los servicios públicos tampoco.
Y la realidad, esa funcionaria insolente que jamás coge vacaciones, tiene la desagradable costumbre de presentarse todos los días a trabajar.
Pero el Gobierno ha reaccionado.
Ahora sí.
Con recursos.
Con planes.
Con mando único.
Con reuniones.
Con ampliaciones extraordinarias.
Con agentes sociales.
Con sectores económicos.
Con medidas de choque.
Es decir, la maquinaria estatal ha arrancado.
Despacio, pero con una solemnidad admirable.
El plan de 180 millones
También se ampliará extraordinariamente el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico, que ya ha movilizado más de 180 millones de euros desde 2022.
Y aquí aparece otra de las grandes especialidades nacionales: cuando surge un problema nuevo, se amplía un plan antiguo.
Es una técnica política de gran tradición.
No hace falta inventar nada. Basta con ponerle “extraordinario” al final.
Plan.
Plan reforzado.
Plan extraordinario.
Plan extraordinario ampliado.
Plan extraordinario ampliado de choque.
Y, si la cosa se complica, Plan Estratégico
