El dictadorzuelo y el micrófono secuestrado
por Alfredo Muñiz
Hay una costumbre muy antigua entre los regímenes totalitarios: cuando no les gusta lo que cuenta el periodista, la solución consiste en impedir que el periodista lo cuente. Es una técnica sencilla, económica y de una eficacia extraordinaria. No hace falta censurar el periódico entero: basta con cerrar la puerta, retirar la acreditación, poner un vigilante con cara de pocos amigos o explicar que, por razones de seguridad, el micrófono debe quedarse tranquilamente en casa.
Y así, de pronto, el periodista descubre que su profesión consiste en informar de aquello que alguien considera oportuno que informe.
Lo ocurrido con EFE y Televisión Española, a quienes se habría impedido realizar su trabajo sobre la situación de Ceuta, nos devuelve a una vieja discusión: ¿para qué sirve un medio de comunicación si solamente puede contar aquello que no molesta al poder?
Porque el periodismo tiene una desagradable manía: hacer preguntas.
Y las preguntas, ya se sabe, son peligrosísimas.
Una pregunta bien formulada puede provocar más nervios que cien manifestantes. Especialmente cuando se pregunta por una invasión, por las fronteras, por las responsabilidades políticas o por aquello que algunos preferirían que permaneciera cuidadosamente escondido debajo de la alfombra institucional.
El poder, cuando se siente incómodo, suele tener tres respuestas: negar, justificar o mandar callar. La cuarta, cuando se ha quedado sin argumentos, consiste en mirar al periodista como si fuera él quien hubiese provocado el problema.
Es la vieja escuela del “aquí se informa, pero de lo que yo diga”.
En las dictaduras de toda la vida el método era bastante rudimentario: censura, prohibiciones, periódicos intervenidos, periodistas encarcelados y una televisión que hablaba con la solemnidad de un oráculo mientras el ciudadano miraba por la ventana para comprobar si lo que decía la pantalla coincidía con la realidad.
Hoy el procedimiento es más sofisticado.
Ya no hace falta necesariamente prohibir la noticia. Basta con dificultar que llegue.
Un trámite administrativo por aquí. Una acreditación que no aparece por allá. Un argumento de seguridad. Una orden que nadie firma pero todos conocen. Una puerta que misteriosamente permanece cerrada.
Y asunto resuelto.
El periodista se queda fuera y el poder dentro, hablando consigo mismo, que es una conversación extraordinariamente cómoda porque jamás existe desacuerdo.
Pero lo verdaderamente curioso es que esta enfermedad no vive exclusivamente en los palacios presidenciales. También existe en lugares mucho más modestos.
Hay empresas donde aparece el dictadorzuelo de planta, ese pequeño Napoleón con despacho, que considera que la libertad de expresión consiste en que todo el mundo pueda hablar libremente siempre que diga exactamente lo mismo que él.
Son los tiranos de andar por casa.
El jefe que convoca una reunión para escuchar opiniones y, cuando alguien opina, responde:
—No, eso no.
El director que presume de tener un equipo participativo, pero entiende la participación como levantar la mano para aprobar lo que ya ha decidido.
El presidente de la comunidad que organiza una votación después de haber explicado durante cuarenta minutos cuál debe ser el resultado.
Y el empresario que quiere periodistas independientes hasta que el periodista publica algo independiente.
Ahí termina la democracia empresarial y comienza el absolutismo del despacho.
“Aquí todo el mundo puede pensar lo que quiera”, proclama el dictadorzuelo.
Naturalmente.
Siempre que piense lo mismo que él.
La libertad de prensa no consiste en que los periodistas sean simpáticos con el poder. Ni en que sus preguntas sean agradables. Ni en que las noticias coincidan con los comunicados oficiales.
Precisamente consiste en lo contrario: en que puedan preguntar cuando resulta incómodo, investigar cuando alguien preferiría que no investigasen y contar aquello que determinados poderes desearían guardar en el cajón.
Porque cuando se silencia al periodista, el problema no es solamente que una noticia deje de publicarse.
El problema es que alguien ha decidido que el ciudadano no tiene derecho a conocerla.
Y esa es una frontera mucho más peligrosa que cualquier frontera geográfica.
Ceuta ya tiene bastante con las fronteras reales como para añadirle una frontera informativa.
Por eso conviene recordar una obviedad que, de tan evidente, algunos parecen haber olvidado: los medios de comunicación no están para hacerle la vida cómoda al poder.
Están para hacer su trabajo.
Y si una televisión pública no puede preguntar, investigar y mostrar aquello que ocurre en el territorio nacional porque alguien decide que esa información resulta inoportuna, entonces quizá el problema no esté en el periodista que quiere entrar.
Quizá esté en la puerta.
Porque cuando un régimen —grande o pequeño, político o empresarial— empieza a tener miedo de los micrófonos, las cámaras y las preguntas, conviene mirar qué hay detrás de la puerta que no quiere abrir.
A veces detrás está simplemente un despacho.
Y otras veces, un problema.
Lo único seguro es que un micrófono apagado siempre resulta mucho más cómodo que un periodista haciendo preguntas.
Y los dictadorzuelos, sean de palacio o de oficina, prefieren siempre la comodidad.
Hasta que descubren que el silencio también hace ruido.
