FORMENTERA: LA ISLA QUE PIDIÓ UNA SOMBRILLA Y LE MANDARON UNA CRISIS DE ESTADO
por Alfredo Muñiz
Hay lugares en España donde las alarmas suenan con sirena. Y el Gobierno oye cantos de sirena y prepara un jacuzzi para que se relajen los seres mitológicos, mitad, mujer, mitad pez.
Y otros donde la sirenas suenan en silencio administrativo.
Ceuta pertenece al primer grupo.
Formentera acaba de descubrir que pertenece al segundo.
Juan Vivas lleva semanas tocando el tambor de la alarma. Primero pidió emergencia nacional. Después reclamó un mando único. Luego explicó que aquello no era normalidad, aunque en Madrid parecían manejar una definición de «normalidad» particularmente flexible: si todavía funcionan los semáforos, la crisis queda oficialmente clasificada como «situación compleja».
Y mientras Ceuta discutía con el Gobierno sobre si aquello era una emergencia, una avalancha, una crisis migratoria o una cuestión administrativa de considerable tamaño, el Mediterráneo decidió mandar una circular.
La circular decía:
«Estimados señores: por si no tenían bastante con Ceuta, también tenemos Formentera.»
Y Formentera, que tiene fama mundial por sus aguas turquesas, sus playas y su capacidad para convertir un mojito en un artículo de lujo, se encontró de pronto haciendo cuentas.
No de turistas.
De pateras.
No de hamacas.
De plazas de acogida.
No de reservas de restaurantes.
De recursos sociales.
La isla ha registrado una presión migratoria extraordinaria y en los últimos días se han sucedido nuevas interceptaciones. Solo en las operaciones recientes se localizaron 62 personas en diferentes puntos.
Pero tranquilos.
Todo está bajo control.
Es decir: bajo control de alguien.
Lo que todavía no está claro es de quién.
Porque en España hemos perfeccionado una ciencia política extraordinaria: la competencia compartida hasta que nadie sabe quién tiene la competencia.
—¿Quién se ocupa de esto?
—El Estado.
—¿Y quién coordina?
—Las comunidades autónomas.
—¿Y quién acoge?
—Las comunidades autónomas.
—¿Y quién controla la frontera?
—El Estado.
—¿Y quién paga?
—Eso ya lo estudiaremos.
Y así hemos llegado a la forma más refinada de gobernar:
la pelota administrativa.
Se lanza de Madrid a Baleares.
De Baleares a Formentera.
De Formentera al Estado.
Del Estado a Europa.
Y Europa la devuelve con una elegante nota diciendo:
«Gracias por su comunicación. Su solicitud ha sido registrada con el número 3.847.291.»
Mientras tanto, la realidad no espera al número de expediente.
La realidad llega por mar.
Y la realidad, a diferencia de los ministerios, no necesita cita previa.
Ceuta ya conoce perfectamente el mecanismo.
El 30 de julio se produjo una entrada masiva de decenas de miles de personas y el Gobierno mantiene la cifra oficial en torno a 72.000 llegadas durante aquellos días.
Vivas pidió mando único.
Pidió recuperar la normalidad.
Pidió soluciones.
Y, sobre todo, pidió que alguien comprendiera que Ceuta no es una provincia continental con espacio infinito para improvisar.
Pero ahora aparece Formentera.
La pequeña Formentera.
La isla diminuta.
La isla donde uno puede perderse buscando una cala y encontrarse, si tiene mala suerte administrativa, con un Consejo Interministerial.
Porque Formentera tiene un pequeño inconveniente para las grandes soluciones gubernamentales:
es pequeña.
No se puede ampliar mediante decreto.
No se puede añadir un barrio nuevo de 50.000 habitantes con una disposición adicional.
No existe una «Formentera 2» guardada en un cajón del Ministerio de Política Territorial.
Y aquí es donde Quevedo habría disfrutado como un niño con una pluma nueva.
Porque España tiene una extraordinaria capacidad para descubrir que los problemas existen exactamente cuando ya han llegado a la puerta.
Primero se avisa.
Luego se minimiza.
Después se analiza.
Más tarde se constituye una mesa.
Finalmente se crea un mando único.
Y cuando el mando único recibe el mando, descubre que no hay dónde mandar.
¡Magnífica organización!
Es la Administración española en su máxima expresión:
un ejército de funcionarios buscando el botón de encendido de la alarma mientras la alarma lleva media hora sonando.
Y conviene decir algo que debería ser obvio.
Una persona que llega en una patera no es una estadística.
Detrás de cada llegada hay una historia humana.
Pero precisamente por eso una política migratoria seria no puede limitarse a contemplar la llegada, repartir personas entre territorios y esperar que el problema desaparezca por agotamiento.
Porque tampoco es razonable convertir a territorios pequeños como Ceuta o Formentera en salas de espera permanentes de una política migratoria que debería ser nacional y europea.
Eso no es solidaridad.
Eso es externalización con vistas al mar.
Y mientras tanto, Marruecos observa.
Europa observa.
Madrid observa.
Baleares observa.
Formentera observa.
Y el Mediterráneo, que debe de estar ya harto de hacer de frontera, carretera, autopista, cementerio, destino turístico y ahora también oficina de admisión, sigue ahí.
Callado.
Azul.
Imperturbable.
Como si dijera:
«Señores políticos: yo solo pongo el agua. Lo de organizar el desembarco es cosa vuestra.»
Y aquí aparece la gran pregunta.
¿Por qué las advertencias de Ceuta no han servido para anticipar suficientemente el problema en otros puntos?
Porque si una alarma solo se escucha cuando ya ha sucedido la catástrofe, quizá no tenemos un sistema de alarmas.
Tenemos un sistema de comentarios posteriores.
Y eso explica buena parte de nuestra política contemporánea.
Después de que ocurra algo:
«Estamos trabajando.»
Después de que vuelva a ocurrir:
«Estamos coordinando.»
Después de que ocurra otra vez:
«Estamos estudiando.»
Y cuando finalmente alguien pregunta cuándo llegará la solución:
«Estamos creando un grupo de trabajo.»
¡Ah, el grupo de trabajo!
Esa criatura mitológica de la Administración española.
Tiene muchas reuniones.
Tiene muchas actas.
Tiene muchos documentos.
Y, generalmente, llega después que el problema.
Formentera, mientras tanto, sigue esperando.
No una invasión.
No una guerra.
No una batalla.
Una política seria.
Una política que distinga entre control fronterizo, rescate, acogida, protección de menores, devolución cuando legalmente proceda, cooperación con los países de origen y tránsito y solidaridad entre territorios.
Porque una cosa es defender la dignidad de quien llega.
Y otra muy distinta es fingir que los recursos son infinitos.
No lo son.
Ni en Ceuta.
Ni en Formentera.
Ni en Baleares.
Ni en España.
Y probablemente tampoco en la contabilidad de Europa, aunque Bruselas tenga la habilidad de esconder los problemas dentro de una carpeta titulada «Mecanismos de solidaridad».
Así que quizá haya llegado la hora de cambiar el nombre de Formentera.
Ya no debería llamarse Formentera.
Debería llamarse:
FOR-MENTERA:
«La isla que lleva meses diciendo que algo pasa y a la que Madrid responde:
—Sí, sí… estamos al tanto.»
Hasta que un día alguien descubra que la alarma de Formentera estaba conectada al mismo enchufe que la de Ceuta.
Y que ambas llevaban meses parpadeando.
Lo único que faltaba era que alguien encendiera la luz.
Y eso, en España, siempre requiere una comisión.
