Cuando la genealogía entra en política, hasta el abuelo puede acabar siendo asunto de Estado…
por Alfredo Muñiz
Hay políticos que hacen campaña puerta a puerta. Otros prefieren métodos más sofisticados: puerta a puerta… pero de la historia familiar.
La llamada Ley de Nietos vuelve al escaparate político y Carlos Herrera ha puesto el dedo en la llaga —o, para ser más precisos, en el padrón— al sostener que no sería solamente una norma de reparación histórica, sino también una posible operación de ingeniería electoral. Una acusación política, naturalmente, que tendría que demostrarse con algo más que una calculadora y mucha imaginación.
La cuestión tiene su aquel. Porque conceder la nacionalidad a descendientes de españoles vinculados al exilio puede responder a razones históricas y familiares perfectamente legítimas. Pero cuando la genealogía empieza a mezclarse con las estrategias de partido, aparece inevitablemente la sospecha.
Y ahí comienza la comedia.
España es un país donde hasta los muertos pueden acabar influyendo en la actualidad política, aunque sea a través de sus nietos.
Uno imagina a un estratega de Moncloa con un árbol genealógico sobre la mesa:
—¿Cuántos nos faltan?
—No sabemos.
—¿Y descendientes de españoles?
—Muchos.
—Pues que nadie pode el árbol.
La sátira funciona porque la política española tiene una extraordinaria capacidad para convertir cualquier trámite administrativo en una batalla partidista. Si se concede la nacionalidad, unos ven justicia histórica y otros clientelismo. Si se reforma una ley, unos celebran una reparación y otros sospechan de la letra pequeña.
Y entre unos y otros, el ciudadano acaba preguntándose si está ante una política de Estado o ante una partida de Risk con el Boletín Oficial en la mano.
Herrera ha resumido su tesis con una frase contundente: la ‘Ley de Nietos’ sería, a su juicio, un intento de alterar el censo electoral. Pero conviene separar la sospecha de la prueba: que nuevos ciudadanos puedan participar en unas elecciones es una consecuencia de adquirir la nacionalidad; demostrar que esa fue la finalidad política de la norma es otra historia.
Porque si toda modificación del cuerpo electoral fuera automáticamente una maniobra partidista, habría que revisar media historia democrática. Cada reforma del padrón terminaría bajo sospecha y cualquier nuevo ciudadano parecería haber sido diseñado en algún laboratorio de estrategia política.
Lo verdaderamente español sería convocar una comisión de investigación para averiguar qué abuelo votó a quién.
Y mientras tanto, los jueces vuelven a aparecer en esta tragicomedia como esos invitados que nadie ha llamado a la fiesta pero que terminan comprobando las cuentas.
Porque una cosa es gobernar, otra legislar y otra muy distinta pretender que el Boletín Oficial del Estado sea una máquina expendedora de mayorías parlamentarias.
Al final, quizá la cuestión no sea solamente la Ley de Nietos. La verdadera cuestión es hasta dónde puede llegar un Gobierno en su interpretación de la política sin que alguien le recuerde que las instituciones no son propiedad de ningún partido.
En España, hasta un árbol genealógico puede convertirse en arma arrojadiza.
Quevedo habría pedido el árbol. Y después, probablemente, habría preguntado quién estaba interesado en regarlo.
