El rey Juan Carlos se reúne en Zarzuela con sus asesores para evaluar la grave situación que vive la Corona. Son demasiadas las voces que piden la abdicación del monarca. El último influyente en pedir la jubilación del Borbón ha sido Iñaki Gabilondo en su programa de radio. Periodistas de la talla de Jesús Cacho o Pedro J. Ramírez también se han pronunciado en este sentido. Felipe de Borbón podría convertirse en Rey gracias al «comportamiento no ejemplar» de su cuñado Iñaki Urdangarin.
El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para el duque de Palma, así como para su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y las sociedades investigadas, atendiendo así a la petición de la Fiscalía y del Sindicato Manos Limpias. El asunto se desgrana en un auto de 500 folios, Castro les informa de que tienen cinco días hábiles para abonar la fianza desde el momento en el que se les notifique. En caso de que no pagaran la fianza solicitada, se les embargarían los bienes hasta cubrir los 8,1 millones que se les ha impuesto. Al pago millonario para no ir a la cárcel, se une una presunta amenaza de Torres de desvelar otros correos electrónicos que podrían comprometer a la Familia Real. El secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, también ha sido imputado en el caso Nóos. El cerco mediático creado apunta a que la infanta Cristina podría ser la próxima imputada si se sigue tirando de la manta en los trapicheos de su marido. Urdangarín declarará por nuevos delitos fiscales coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado
Se baraja una posible condena de hasta 20 años para Urdangarin
El instructor del ‘caso Nóos’ atribuye al duque de Palma un total de seis delitos, entre ellos malversación de caudales públicos y fraude a la administración, que podrían acarrear al yerno del Rey una condena de hasta 20 años de cárcel. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca detalla en el auto dictado hoy, los delitos que habrían cometido Urdangarin y su antiguo socio, Diego Torres, con la trama de captación y desvío de fondos públicos.
El juez, en concreto, les atribuye de forma indiciaria la comisión de delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración y prevaricación.
El Código Penal prevé para la suma de todos estos delitos una pena de hasta 20 años de cárcel, además de multas e inhabilitaciones. El magistrado señala en su auto que los hechos que se atribuyen al marido de la infanta Cristina y a su antiguo profesor «vienen avalados por más que suficientes indicios de Criminalidad».
En el auto dictado hoy por Castro se fija una fianza de responsabilidad civil de 8.189.448 euros para Urdangarin y su antiguo socio Diego Torres. Los imputados deberán abonar solidariamente esta cuantía en un plazo de cinco días hábiles, ya que, de lo contrario de «se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios».
Asimismo, señala que pueden responder a la caución de manera subsidiaria, de manera que se pueden repartir el pago de la misma o bien alguno de los afectados podría abonar el importe total de la fianza. En caso de que no pagaran los 8,1 millones de euros, se les embargaría los bienes hasta cubrir la cuantía de la fianza que se les ha impuesto.
Por otro lado, en el mismo auto judicial, el magistrado pide a Urdangarin y Torres que le comuniquen si tienen antecedentes penales, por si hubiera que aplicarles la agravante de reincidencia. Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para Urdangarin, Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.
El fiscal Pedro Horrach solicitó de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil. En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Por su parte, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también presentó ese mismo día su escrito, de 30 páginas, en el que pidió la misma cantidad y detalla la forma en que «se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro», a pesar de que «se creó específicamente» para acceder a distintos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.
Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).
Alegaron contra la fianza
Por su parte, el pasado 15 de enero, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, explicó que había presentado un escrito de alegaciones contra la fianza de 8,1 millones, en el que explicaba que el Duque de Palma únicamente tenía un papel «representativo» en el Instituto Nóos, y que los contratos firmados eran correctos.
«Nos oponemos a cualquier fianza porque mi cliente es inocente«, insistió Pascual Vives, quien afirmó que en caso de que Urdangarin tuviera que hacer frente al pago de 8,1 millones de euros, no dispondría de esta cantidad en «efectivo».
Mientras, Torres, a través de su abogado, Manuel González Peeters, también presentó el pasado 15 de enero sus alegaciones contra la fianza en las que señalaba que, al no ser funcionario público, no puede ser tenido como sujeto activo de un delito de prevaricación, sino en todo caso partícipe, lo que le excluye del pago de una responsabilidad civil.
En su escrito, el exsocio del Duque de Palma afirmaba que «no es verdad» que el Instituto Nóos cometiera «acto ilícito de suerte alguna» y que, bien al contrario, su actuación «se llevó a cabo (…) con más que notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los sentidos, económico, social, etc».
