“Los actuales gestores se creen que el Centro Niemeyer es suyo en particular y no de toda la sociedad asturiana, como es en realidad”, afirman
El Consejero de Cultura y Deporte del Principado, Emilio Marcos Vallaure, y el Viceconsejero del Sector Público, Luis de la Vallina, quieren subrayar “con toda rotundidad”, por medio de este comunicado de prensa, que frente a los anuncios interesados que alertan de persecuciones y cierre del Centro Niemeyer de Avilés, la intención del Gobierno del Principado es mantener este equipamiento “dándole un atención preferente, y aplicando las máximas de transparencia, eficacia, funcionalidad y rigor que señalan la actividad de todas las instituciones públicas asturianas, tal como reclama la práctica totalidad de los ciudadanos de Asturias”.
Emilio Marcos Vallaure y Luis de la Vallina no observan estos principios en la actitud que vienen manteniendo los gestores del Centro Niemeyer desde que el nuevo Gobierno del Principado decidiera aplicar una acción política “transparente y de control del gasto público” con el objetivo de “fortalecer las instituciones culturales en un marco de plena legalidad y libertad”.
“El Niemeyer no va a cerrar en ningún caso”, señalan, “pero seríamos unos irresponsables si dejáramos que un centro de esta categoría quedase inexorablemente unido, para bien o para mal, a unos gestores que se retratan con algunas manifestaciones públicas intolerables, como la de llamarnos “gentuza miserable” (estos son los términos utilizados por el director del Centro, Natalio Grueso, en un artículo de prensa del pasado domingo) por exigir luz y taquígrafos en relación con una Fundación sufragada mayoritariamente con fondos públicos, es decir, con el dinero de todos los asturianos”.
“Las instituciones culturales deben tener un carácter permanente, aunque sea por un tiempo menor al de la eternidad, que es el precisamente el período con el que sueñan perpetuarse los gestores actuales del Centro Niemeyer, como si el centro fuese en exclusiva de su propiedad y no de los asturianos, como es en realidad”, añaden Marcos Vallaure y De la Vallina.
El protectorado de Fundaciones de la Consejería de Cultura y Deporte denegó la inscripción de las modificaciones estatutarias realizadas por la Fundación los pasados meses de febrero y junio. En el caso de la reunión del mes de junio, el protectorado opuso objeciones de legalidad por contravenir la normativa en materia de fundaciones, como es, por ejemplo, la relativa a que el Secretario de la Fundación debe ser una persona vinculada con un contrato de alta dirección o arrendamiento de servicios con la Fundación, impidiendo que dicho cargo pueda ser ejercido por uno de los miembros del patronato, o el hecho de que el secretario pueda asumir la certificación de los acuerdos sin necesidad del visto bueno del Presidente.
Es decir, que la modificación del artículo 15.3 a favor del Secretario de la Fundación le concede unas atribuciones jamás vistas en el Derecho Mercantil y Fundacional del Derecho Español, lo que, en la práctica, han convertido al actual Secretario, José Luis Rebollo, en auténtico “dueño y señor” del Centro Niemeyer, como así se ha puesto de manifiesto con actuaciones desarrolladas a título personal, al margen de cualquier acuerdo del órgano de gobierno de la Fundación, que no se reúne desde el pasado 4 de junio.
Subvenciones
Por otro lado, todas las subvenciones públicas deben contar con soportes contables perfectamente establecidos, lo que no ocurrió en la Fundación. En sus cuatro primeros años de existencia, nunca fueron presentadas las cuentas de la Fundación Niemeyer en el plazo que marca la Ley de Fundaciones y los propios estatutos de esta entidad. Las cuentas se presentaron siempre fuera de plazo, lo que está absolutamente prohibido por el ordenamiento normativo. Esto parece revelar una deficiente praxis contable y financiera sobre la que la Intervención General del Principado ya se ha pronunciado con contundencia en un informe de control financiero sobre las subvenciones recibidas del Principado en los últimos años.
A este respecto, es muy importante resaltar que la Consejería de Cultura y Deporte y la Viceconsejería del Sector Público no han exigido a la fundación la devolución de 1 millón de euros, como se afirma sesgadamente, sino que ha iniciado un procedimiento administrativo, que será el que deba determinar si finalmente procede el reintegro íntegro o sólo de una parte de la subvención.
El inicio de este procedimiento es consecuencia directa del informe de control financiero de las subvenciones llevado a cabo por la Intervención General y es obligado para el órgano gestor. “Lo que debe hacer la Fundación es colaborar y aportar cuanta documentación original pueda acreditar el adecuado empleo de los fondos”, apostillan el Consejero y el Viceconsejero.
