¡Maricarmen ha descubierto la crisis de la vivienda: antes los pisos eran para los amigos y ahora hasta los caseros tienen que pedir perdón!
De pronto, España ha descubierto que existe un problema de vivienda. Ha bastado un desahucio para que medio país despliegue las tiendas de campaña, los megáfonos y el repertorio completo de la indignación progresista. Lo curioso es que algunos parecen haber necesitado una anciana en la puerta de su casa para descubrir que el mercado inmobiliario existía.
Hay que reconocerle a Maricarmen, sin pretenderlo, un mérito extraordinario: ha conseguido que la vivienda vuelva a ocupar el centro del debate nacional. Ni los discursos parlamentarios, ni las promesas electorales, ni los ministros que llevan años anunciando soluciones habían logrado semejante hazaña. Ha tenido que llegar el desahucio de una mujer de 87 años, después de vivir siete décadas en el mismo hogar, para que España se eche las manos a la cabeza.
Y con razón. Porque el caso de Maricarmen, desalojada el pasado 23 de septiembre, merece una reflexión que vaya mucho más allá de la pancarta de turno.
Pero, como suele suceder en nuestra política, la tragedia humana ha terminado convertida en una competición de hipocresías, en la que cada cual intenta demostrar que su indignación es más auténtica que la del adversario.
La revolución inmobiliaria de los indignados
Durante años, la vivienda ha sido un problema para miles de españoles. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte considerable de sus ingresos al alquiler y propietarios que temen poner sus pisos en el mercado. Un panorama que no se arregla con una pancarta, tres consignas y una rueda de prensa.
Sin embargo, ha bastado el caso de Maricarmen para que algunos descubran, con la sorpresa de quien encuentra un elefante en el salón, que hay personas que no pueden pagar un alquiler.
¡Aleluya! ¡Ha nacido la conciencia inmobiliaria!
Los más entusiastas han desempolvado el espíritu del 15-M, como si la Puerta del Sol estuviera esperando una segunda temporada de aquella acampada histórica. Tiendas de campaña, proclamas contra los especuladores y discursos sobre el derecho a la vivienda. Todo muy revolucionario, siempre que la revolución no obligue a revisar las contradicciones del propio bando.
Porque uno no puede evitar preguntarse dónde estaba tanta indignación cuando saltaban a la actualidad otros escándalos relacionados con el uso de recursos públicos y los privilegios de determinados cargos. Si las informaciones sobre supuestos alojamientos sufragados con dinero público para personas vinculadas a las altas esferas políticas merecen investigación, que se investiguen. Y si se acreditan responsabilidades, que se exijan.
Lo que resulta difícil de entender es que la indignación parezca funcionar con tarifa variable: máxima sensibilidad cuando el protagonista conviene al relato político y silencio administrativo cuando el escándalo incomoda a los propios.
La solidaridad, por lo visto, también tiene carné de partido.
El casero de un solo piso: ese peligroso oligarca con recibos del IBI
Pero hay otra figura que rara vez aparece en las pancartas: el pequeño propietario.
Ese individuo sospechoso que quizá heredó un piso de sus padres, compró una vivienda con los ahorros de toda una vida o utiliza el alquiler como complemento de una pensión. No tiene un consejo de administración, ni un fondo de inversión en las islas Caimán, ni un chófer que le abra la puerta del Mercedes.
Tiene un piso.
Y, en ocasiones, ni siquiera vive en él.
Eso sí, cada año recibe puntualmente la visita de una familia muy numerosa: el IBI, la comunidad de propietarios, el seguro, las reparaciones, las derramas y los gastos de mantenimiento. Una parentela que jamás se presenta con las manos vacías.
Si se estropea una tubería, paga el propietario. Si hay que arreglar la fachada, paga el propietario. Si el ascensor decide jubilarse anticipadamente, también contribuye el propietario.
Y cuando llega el recibo de los impuestos, Hacienda no acepta como forma de pago una pancarta que diga «la vivienda es un derecho».
El alquiler que recibe no es necesariamente un beneficio limpio. De esa renta hay que descontar gastos, impuestos y posibles reparaciones. Y si el piso permanece vacío, los gastos no se marchan de vacaciones: siguen llegando puntualmente, como esos invitados que aparecen incluso cuando uno no tiene nada que ofrecerles.
Por supuesto, también hay grandes tenedores, operaciones especulativas y propietarios que pueden incurrir en abusos. Pero meterlos a todos en el mismo saco es tan sensato como confundir al dueño de una vivienda heredada con un fondo que administra miles de inmuebles.
Tener un piso en alquiler no convierte automáticamente a nadie en un villano.
Y el propietario que depende de esa renta no deja de tener derechos por el mero hecho de que otra persona necesite una vivienda.
La protección del inquilino vulnerable es una obligación social. La protección de los derechos del propietario también forma parte de una convivencia jurídica razonable. Lo contrario sería establecer una curiosa doctrina: el piso es del propietario para pagar los gastos, pero de todos los demás cuando llega la hora de decidir qué hacer con él.
Maricarmen y la calculadora de la indignación
El caso de Maricarmen tiene circunstancias especialmente dolorosas. La mujer llevaba viviendo en su casa desde 1956. El conflicto terminó en los tribunales y el Supremo avaló la extinción del contrato. La propiedad, una sociedad inmobiliaria, adquirió el inmueble en 2018 y durante las negociaciones se plantearon nuevas condiciones de alquiler que la anciana no podía asumir.
Estos son los hechos esenciales. Y precisamente por eso conviene distinguir entre la legalidad de una actuación y su dimensión humana.
Que una decisión tenga respaldo judicial no impide discutir si existían alternativas más compasivas. Pero que una situación provoque una legítima conmoción social tampoco autoriza a concluir que todo propietario carece de escrúpulos o que cualquier renta constituye un acto de explotación.
La empresa propietaria defendió su versión de los hechos y las negociaciones; el Ministerio de Vivienda sostuvo una versión distinta sobre las ofertas realizadas. Hay controversia sobre cómo se gestionó el caso, y esa controversia debe examinarse con rigor.
Lo que no parece razonable es utilizar el drama de una anciana para declarar culpable a todo aquel que tenga una vivienda arrendada.
Porque, si el propietario es una empresa, es un especulador. Si es un particular, es un rentista. Si cobra poco, quizá sea un aprovechado. Y si cobra mucho, ya tenemos titular para el telediario.
El único propietario verdaderamente virtuoso parece ser aquel que entrega las llaves, paga las facturas y desaparece discretamente de la escena.
El milagro de los políticos descubridores
Mientras tanto, los responsables políticos comparecen ante las cámaras con expresión grave y prometen soluciones. Los mismos que llevan años gobernando, legislando, anunciando planes y atribuyéndose éxitos ahora parecen sorprendidos por la existencia del problema.
La vivienda se ha convertido en una especie de milagro electoral: todo el mundo sabe cómo resolverla, pero nadie termina de conseguirlo.
Y cuando aparece un caso dramático, comienza la ceremonia habitual. El Gobierno culpa a la oposición, la oposición culpa al Gobierno, los activistas culpan a los propietarios y los propietarios descubren que, en el reparto de responsabilidades, siempre les corresponde pagar la cuenta.
La pregunta incómoda es otra: ¿cómo es posible que, después de tantos años de promesas, siga siendo tan difícil encontrar una vivienda asequible?
Construir más, facilitar el acceso al alquiler, ampliar la vivienda pública, ofrecer seguridad jurídica y atender a las personas vulnerables son asuntos que requieren políticas concretas, no solamente indignación de temporada.
Y, sobre todo, requieren reconocer que el problema no tiene una única causa ni se soluciona convirtiendo a un colectivo entero en el enemigo público.
Que no falte la pancarta, aunque falte la vivienda
Maricarmen merece una solución humana. Los jóvenes merecen poder emanciparse. Las familias vulnerables necesitan protección. Y los pequeños propietarios merecen que alquilar una vivienda no se convierta en una aventura económica en la que los gastos son seguros y los derechos parecen negociables.
No hay contradicción en defender todas esas cosas a la vez.
La contradicción aparece cuando se descubre la solidaridad únicamente ante las cámaras, cuando se reclama justicia para unos y se ignoran los derechos de otros, o cuando la indignación depende de quién ocupa el Gobierno y de quién protagoniza el escándalo.
Porque la vivienda no debería ser un arma arrojadiza entre partidos ni una tómbola de privilegios para los amigos del poder.
Y si de verdad queremos resolver el problema, quizá convenga empezar por una idea revolucionaria: los derechos de los inquilinos no exigen abolir los de los propietarios, del mismo modo que proteger al propietario no obliga a desentenderse del inquilino.
Pero eso, claro, tiene menos gancho que una acampada, no permite tantos eslóganes y resulta bastante más difícil de convertir en un mitin.
En España, al parecer, no hay nada más sencillo que descubrir una injusticia cuando sirve para atacar al adversario.
Lo verdaderamente revolucionario sería descubrirla también cuando afecta a los nuestros.
Y, ya puestos, que alguien avise a los políticos de que los problemas de vivienda no nacieron el día que desalojaron a Maricarmen. Lo que nació ese día fue una nueva competición nacional: la de ver quién consigue hacerse la foto más indignada.
Mientras tanto, el pequeño propietario sigue en casa, mirando el recibo del IBI y preguntándose cuándo se celebrará una manifestación en defensa de su derecho a pagar las facturas sin tener que pedir perdón por poseer un piso.
Porque en esta tragicomedia inmobiliaria, hasta el casero necesita un techo bajo el que refugiarse de tanta hipocresía.
