¡Ceuta o nunca! Sánchez y el milagro de la emergencia perpetua
por Alfredo Muñiz
En España, cuando las urnas empiezan a asomar por el horizonte, las redes sociales se convierten en una sucursal de Hollywood. Y la última película que circula tiene a Pedro Sánchez de protagonista, Ceuta de escenario y la emergencia nacional como posible comodín para prolongar la estancia en la Moncloa.
Según esta hipótesis, después de los supuestos intentos fallidos de amañar el panorama electoral mediante la ley de nietos —acusación que no debe confundirse con un fraude demostrado—, el siguiente capítulo de la tragicomedia consistiría en recurrir a la crisis ceutí para declarar una emergencia y ganar tiempo. Mucho tiempo, si los guionistas de las redes pudieran elegir.
La imaginación es libre; el poder, en cambio, tiene sus limitaciones. Y ahí empiezan los problemas para quienes sueñan con convertir una emergencia en un billete de ida hacia la eternidad presidencial.
Porque una cosa es declarar una emergencia de protección civil y otra muy distinta utilizarla como alfombra mágica para esquivar las urnas. La legislación vigente no concede semejante barra libre. Ni siquiera en España, donde la política ha demostrado una extraordinaria capacidad para convertir cualquier contratiempo en una temporada completa de intrigas palaciegas.
Los estados excepcionales tienen procedimientos, controles parlamentarios y límites temporales. El Congreso no desaparece porque el Gobierno se declare en apuros, ni las Cortes se convierten en un mueble auxiliar que pueda retirarse del salón cuando molesta.
La legislación impide disolver el Congreso mientras estén declarados los estados de alarma, excepción o sitio. Pero eso no significa que cualquier emergencia nacional suspenda automáticamente las elecciones, ni que el presidente pueda prorrogar su mandato por decreto, como quien renueva la suscripción a una plataforma televisiva.
Además, el estado de alarma tiene sus propios plazos y, para prolongarlo más allá de los quince días iniciales, necesita autorización del Congreso. El estado de excepción tampoco es una estancia indefinida en el poder: está sujeto a límites temporales y controles parlamentarios.
Así que la fantasía del presidente atrincherado en la Moncloa, con Ceuta convertida en excusa y las urnas guardadas en un armario, tropieza con un pequeño inconveniente: las reglas del juego no las escribe el jugador mientras reparte las cartas.
¿Podría una crisis real justificar medidas extraordinarias? Naturalmente. ¿Puede utilizarse cualquier emergencia como pretexto para perpetuarse en el poder? No. Y, sobre todo, no hay pruebas aportadas que permitan afirmar que Sánchez esté preparando semejante maniobra.
Ceuta merece soluciones, no convertirse en decorado de una conspiración de sobremesa. Y los españoles merecen saber dónde termina la realidad y dónde empieza la fábrica de rumores.
Mientras tanto, Sánchez puede seguir gobernando, la oposición puede seguir sospechando y las redes pueden continuar escribiendo el guion de una Moncloa convertida en fortaleza inexpugnable.
Pero conviene recordarles a los aspirantes a emperadores de temporada que la Constitución no contempla el cargo de presidente perpetuo, ni siquiera cuando el inquilino considera que el país no está preparado para vivir sin él.
En definitiva: una emergencia puede ser una emergencia; convertirla en una coartada para no abandonar el poder es otra película. Y esa, de momento, pertenece al género de la especulación política.
Porque en esta tragicomedia nacional, el verdadero milagro no sería declarar una emergencia, sino conseguir que algunos políticos descubrieran que el poder también tiene fecha de caducidad.
Entre tanto, miles de personas se manifiestan en Madrid y exigen que Sánchez dimita y convoque elecciones generales. Veremos.
