Cuando el abogado cambia, pero el calendario judicial no
por Alfredo Muñiz
Dicen los viejos del lugar que cuando un barco cambia de timonel no siempre es porque haya encontrado mejor puerto; a veces es porque arrecian las olas y alguien teme acabar remando con una cuchara. Y en los mares de la política patria, donde las tempestades judiciales se anuncian con más frecuencia que el parte meteorológico, doña Begoña Gómez ha decidido renovar el capitán de su defensa.
Antonio Camacho, veterano de mil batallas togadas, entrega el testigo al penalista Jaime Campaner. En España ya no se cambia de abogado: se ficha como quien refuerza un equipo en el mercado de invierno. Hay quien cambia de peluquero para mejorar el peinado; aquí se cambia de letrado para ver si el peinado jurídico resiste el vendaval.
El nuevo defensor llega con un currículo tan nutrido de asuntos célebres que podría abrir un museo de causas mediáticas. En este país, los abogados estrella ya no coleccionan clientes; coleccionan portadas. Y cada procedimiento es un episodio más de esa serie interminable titulada España, temporada treinta y ocho.
Mientras tanto, la justicia continúa su marcha con la velocidad de un carruaje tirado por tortugas jubiladas. La Audiencia Provincial ha delimitado qué cuestiones seguirán adelante y cuáles quedan fuera del procedimiento. El tablero cambia de casillas, pero la partida sigue abierta, y el reloj judicial, ese invento español que mide el tiempo en legislaturas, continúa avanzando con solemne parsimonia.
Por si el menú no estuviera suficientemente condimentado, la Universidad Complutense reclama una cantidad en concepto de posible responsabilidad civil relacionada con la gestión de una cátedra universitaria. Las universidades, que nacieron para discutir a Aristóteles, terminan algunas veces discutiendo facturas. Los claustros ya no resuenan únicamente con ecos de filosofía, sino también con el tintineo de calculadoras y escritos procesales.
La política española tiene la rara habilidad de convertir cualquier aula en un plató de televisión. Antes los estudiantes preguntaban cuándo era el examen; ahora preguntan cuándo sale el siguiente auto judicial.
Y como toda función nacional necesita un acto adicional, aparecen las quejas contra el magistrado instructor. En España no hay procedimiento que no termine con otro procedimiento. El expediente genera otro expediente, que a su vez produce una queja, que reclama otra investigación, formando una cadena alimenticia donde el papel devora al papel.
Nuestra administración ha descubierto el movimiento perpetuo: un documento alimenta al siguiente con la eficacia de una máquina de fabricar carpetas.
Entre abogados nuevos, recursos, autos, escritos, quejas y comunicados, el ciudadano contempla el espectáculo con el mismo entusiasmo que quien espera su turno en la ventanilla de una administración un viernes de agosto. Ya no sabe si está leyendo la sección de tribunales o la programación de una plataforma de series.
Porque la política española ha perfeccionado un género literario propio: el culebrón procesal. Cada semana aparece un personaje nuevo, cambia un abogado, surge un informe, se presenta una alegación o se anuncia un recurso. Los guionistas de las telenovelas latinoamericanas contemplan el panorama con sincera admiración profesional.
Y así seguimos, nación singular donde las noticias judiciales tienen más temporadas que las aventuras del Cid y donde cada cambio de abogado se anuncia con la solemnidad reservada antiguamente para los nombramientos de virreyes.
Que el juicio, cuando llegue, hable con la voz de las pruebas y del Derecho. Entretanto, España continúa representando esa comedia inmortal donde unos cambian de defensor, otros de argumento y casi todos de opinión… mientras el BOE, los tribunales y las tertulias compiten por decidir quién escribe el siguiente capítulo de esta novela nacional que ni Cervantes habría imaginado tan prolija.
