El curioso caso del pueblo que solo tiene razón cuando interesa

por Alfredo Muñiz

Hay algo desconcertante en nuestra democracia: la calle parece tener razón o no tenerla dependiendo de quién la convoque y, sobre todo, de a quién beneficie su mensaje.

Cuando miles de ciudadanos salieron a protestar contra la amnistía, su opinión quedó subordinada a la aritmética parlamentaria. El Gobierno necesitaba determinados votos para seguir gobernando y los consiguió. La calle podía protestar; el Parlamento era el que contaba.

Ahora, sin embargo, descubrimos que la movilización ciudadana puede convertirse en argumento político para impulsar determinadas decisiones.

Y ahí aparece la pregunta incómoda:

¿La calle tiene siempre autoridad democrática o solo cuando su presión resulta útil al Gobierno?

Porque una manifestación es legítima. La protesta también. Pero ninguna de las dos sustituye al Parlamento.

En una democracia parlamentaria, las elecciones dan representación, el Parlamento legisla y el Gobierno gobierna dentro de la ley. La calle puede presionar, protestar y hacerse escuchar, pero no puede convertirse en un Parlamento paralelo cuando el resultado parlamentario no conviene.

Y mucho menos puede utilizarse la movilización ciudadana como legitimación alternativa.

La cuestión, por tanto, no es si hay que escuchar a la calle.

Hay que escucharla siempre.

La cuestión es otra:

¿Por qué unas veces se invoca la voluntad ciudadana y otras se ignora, dependiendo de quién esté detrás de la pancarta?

Ahí es donde la democracia corre el riesgo de convertirse en un menú a la carta.

Y la Constitución tampoco funciona así. Que una decisión sea constitucional o no no lo decide una manifestación, ni el Gobierno, ni una columna periodística. Lo determina el ordenamiento jurídico y, en última instancia, los tribunales competentes.

Por eso conviene no confundir legitimidad política con legalidad constitucional.

El problema verdaderamente grave aparece cuando se mezclan ambas cosas para justificar lo que interesa en cada momento.

Porque si el Parlamento sirve cuando da la mayoría que se necesita, pero se busca legitimación en la calle cuando esa mayoría falta, entonces tenemos una democracia bastante peculiar:

el voto vale cuando conviene, la calle vale cuando conviene y la Constitución vale siempre que no moleste.

Eso no es democracia a la carta.

Es democracia con la carta marcada.

Y entonces queda una pregunta que debería incomodar a cualquiera que crea de verdad en las instituciones:

si la voluntad ciudadana solo cuenta cuando coincide con quien gobierna, ¿estamos escuchando a la sociedad o simplemente utilizándola como coartada?