Mientras la infanta Cristina se encuentra bajo sospecha, debido a que casi dobló sus ingresos con dinero distinto al sueldo de La Caixa, su consorte Iñaki Urdangarin lo tiene más crudo. La Fiscalía pedirá probablemente una pena de cárcel de 17 añitos para el yerno del rey Juan Carlos por sus todavía presuntos delitos fiscales y otros múltiples trapicheos: malversación, fraude a la Administración y prevaricación. La pena podría reducirse a 4 años si el duque de Palma reconoce los delitos y repara el daño causado. Por tanto tendría que desembolsar una relevante cantidad de dinero -posiblemente seis millones de euros- que junto a su socio, Diego Torres, presuntamente se embolsaron de manera irregular. En el mejor de los casos si llegan a un pacto y el duque reconoce su culpa y paga lo presuntamente robado, todo parece indicar que el yerno del rey ingresará en la cárcel al superar la pena dos años de prisión.
Respecto a su esposa, la infanta Cristina, el juez José Castro investigará su participación en la sociedad Aizoon, que compartía con su marido para aclarar si pudo cometer delitos fiscales o de blanqueo de capitales. Castro ordenó a la Agencia Tributaria nuevas diligencias sobre la actividad de Aizoon, el uso de sus fondos, sus ingresos y sus liquidaciones fiscales, y ha reclamado también un informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o apoderada. Así como un listado con su patrimonio mueble, inmueble y financiero.
Su conducta no ejemplar podría considerarse «delitos graves y contundentes»
Por el asunto de malversación de fondos públicos le podría caer al duque de Palma una condena entre cuatro y ocho años de prisión por sus variopintos convenios empresariales vinculados con el deporte. Al parecer Nóos se benefició de dinero público procedente de las comunidades de Valencia y Baleares, presididas entonces por los populares Francisco Camps y Jaume Matas. Asimismo, podría ser acusado de realizar facturas falsas por trabajos ficticios. Por este concepto de «choriceo» a la administración del Estado podría recibir una condena entre uno y tres años. Veremos si el ex jugador de balonmano reconvertido en ejecutivo internacional de Telefónica termina «preparando oposiciones» en prisión.
