La sanción por positivo al volante se duplica: los infractores tendrán que pagar 1.000 €
Al reciente incremento de los impuestos sobre el alcohol, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido aumentar los controles de alcohol y drogas a los peatones que cometan algún tipo de infracción y elevar las multas a mil euros para los conductores que sean pillados con niveles de alcohol en sangre por encima de las tasas permitidas o que se demuestre que han consumido drogas. Las pruebas bien de soplar en el alcoholímetro ( con la opción de poder solicitar un análisis de sangre en sustitución), o de saliba para comprobar si se han consumido drogas serán obligatoria para el viandante que vulnere las normas.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de reforma de la ley de Tráfico y Seguridad Vial, que incluye pruebas de drogas y alcohol a los peatones que infrinjan normas de circulación y no sólo a aquellos que sean víctimas o copartícipes de un siniestro, como sucedía hasta ahora.
Bastará que se cometa una infracción para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan someter a los peatones a los test de detección de drogas, mediante la prueba de saliva, y de alcohol, aseguró el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien explicó que
la reforma regula también «la conducción con presencia de drogas en el cuerpo», que es diferente a conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, para la que ya hay una sanción administrativa y otra penal.
Fernández Díaz destacó la tolerancia cero sobre drogas, sin la presencia de cuadros como sucede con el alcohol. Respecto a las cuantías, la reforma sube la sanción económica por conducir bajo los efectos del alcohol de los 500 euros actuales a 1.000, misma cifra que se demandará a aquellos que conduzcan con drogas en el organismo.
Las tasas máximas de alcohol permitidas no sufrirán variación, ni tampoco los puntos que se restan del carné en caso de ser multado por dar positivo en la prueba. De este modo, la máxima permitida para los conductores en general seguirá siendo de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, que desciende a los 0,15 para los conductores noveles y para los de transportes de mercancías o de vehículos especiales.
El proyecto prohíbe, por otra parte, el uso de detectores de radar y regula los sistemas de retención infantil, que pasan de un sistema de edad a uno de talla, con una previsión de 135 centímetros, salvo excepciones. El Ministro consideró «útil» volver a prohibir los detectores como sucedía hasta 2009, lo que se une a la vigente contra inhibidores.
La reforma regula también el uso del casco en ciudad para los ciclistas, que será obligatorio para los menores de edad, mientras que en el caso de los adultos su implantación estará supeditada a las conclusiones de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, que abrirá un debate en otoño con expertos antes de tomar una decisión.
Este proyecto dejará preparado también el anexo que incluirá el futuro reglamento con los nuevos límites de velocidad, toda vez que la pretensión de la Dirección de Tráfico es aumentar el máximo a 130 kilómetros por hora en determinados tramos y condiciones de autovías y autopistas, y rebajarlo en las carreteras convencionales y en algunas calles de las ciudades.
El fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, cree que subir a mil euros la multa por consumo de alcohol o drogas hará reflexionar a los conductores infractores. Sin embargo, seis de cada diez conductores creen que ese aumento de la sanción tiene un fin recaudatorio, según un sondeo de la plataforma AutoScout24.
