La caja fuerte de Moncloa: once bombas, un Gobierno y un país buscando al artificiero
por Alfredo Muñiz
Decía Milton Friedman que toda economía acaba enfrentándose a una pregunta elemental: ¿cañones o mantequilla? Es decir, ¿en qué gastamos el dinero: en defendernos, alimentar a la población, cuidar a los enfermos o financiar las prioridades de quienes gobiernan?
En España hemos perfeccionado la teoría económica hasta convertirla en una modalidad de prestidigitación: mientras unos preguntan por la seguridad ferroviaria, la sanidad y la vivienda, otros parecen más preocupados por apagar los incendios políticos, repartir favores y mantener a flote el espectáculo. Y, entre tanto, el contribuyente sigue pagando la entrada.
Imaginemos que mañana cambia el inquilino de La Moncloa y el nuevo presidente decide abrir la caja fuerte que deja el sanchismo. No encontrará lingotes de oro precisamente. Encontrará once bombas de relojería, algunas con temporizador, otras con la mecha encendida y alguna que lleva tantos años escondida que hasta Hacienda podría reclamarle intereses.
La primera será la deuda pública, ese monstruo de dimensiones faraónicas que crece mientras cada español contempla cómo le adjudican una hipoteca nacional sin haber firmado la escritura.
La segunda, el ejército de chiringuitos, subvenciones y organismos de dudosa utilidad, donde algunos han descubierto que vivir del presupuesto resulta bastante más cómodo que vivir del trabajo.
La tercera, los ministerios y cargos políticos, porque en España siempre parece haber una necesidad urgente de inventar una cartera ministerial cuando se agotan los amigos a quienes colocar.
La cuarta será la credibilidad institucional. Recuperar la confianza en los organismos públicos, su independencia y su neutralidad será una tarea de fontanería democrática: habrá que revisar tuberías, cambiar cerraduras y comprobar quién tiene las llaves.
La quinta bomba es la corrupción y sus alfombras. Koldos, comisiones, enchufes, contratos y demás fauna de la picaresca nacional. Cuando se levanten las alfombras, quizá haya que llamar a una empresa de desinfección industrial.
La sexta será la calle. Porque perder unas elecciones puede resultar doloroso, pero para algunos parece mucho más difícil perder el poder. Las pancartas, las consignas y las manifestaciones podrían convertirse en el nuevo mobiliario urbano.
La séptima afecta a Ceuta, Melilla y Canarias, con sus desafíos diplomáticos, fronterizos y migratorios. Un asunto demasiado serio para resolverlo a golpe de fotografía, sonrisa protocolaria y comunicado de madrugada.
La octava será la política exterior: recomponer relaciones con Europa, Estados Unidos y otros socios internacionales exigirá algo más que discursos solemnes y fotografías para el álbum presidencial.
La novena y la décima forman un matrimonio de conveniencia: inmigración y vivienda. Mientras aumenta la presión sobre los servicios públicos y el mercado inmobiliario, los jóvenes descubren que emanciparse es una actividad de lujo, casi tanto como comprarse un palacio. Y los propietarios, entre inseguridades jurídicas y cambios legislativos, hacen sus propias cuentas antes de alquilar.
Pero falta la undécima bomba, quizá la más delicada: la Administración pública y la productividad.
Conviene aclararlo: no se trata de meter a todos los funcionarios en el mismo saco. Hay médicos, profesores, policías, bomberos y empleados públicos que sostienen el país con una profesionalidad admirable, muchas veces en condiciones difíciles. El problema está en los enchufismos, los puestos innecesarios, la falta de evaluación y los mecanismos que permiten que la ineficacia salga gratis.
Porque cobrar del presupuesto debería implicar una obligación elemental: servir al ciudadano. Ni el despacho público es una herencia familiar ni la nómina un premio a la fidelidad política.
Y así llegamos al gran dilema: ¿quién será el valiente que se atreva a desactivar semejante arsenal sin que le explote el Gobierno en las manos?
El próximo inquilino de La Moncloa necesitará economistas, juristas, diplomáticos, gestores y, sobre todo, un artificiero con paciencia de santo y nervios de acero.
Eso sí, que nadie confunda gobernar con pasar la motosierra a ciegas. Un país no se arregla despidiendo a medio mundo, sino eliminando privilegios, exigiendo responsabilidades, administrando con rigor y dejando de confundir el dinero público con el patrimonio particular del partido de turno.
Porque España no necesita más cañones de propaganda ni más mantequilla para los amigos. Necesita trenes que lleguen, hospitales que atiendan, viviendas asequibles, instituciones independientes y políticos que respondan por sus decisiones.
Y cuando el nuevo presidente abra la caja fuerte, que no olvide llevar casco, extintor y un buen abogado.
En este país, hasta las bombas tienen padrino político, las mechas disfrutan de subvención y el artificiero corre el riesgo de acabar nombrado asesor del propio explosivo.
¡Que Dios nos coja confesados! Y, si puede ser, con la caja fuerte auditada, las cuentas claras y los políticos trabajando para el país, en lugar de pedirle al país que trabaje para ellos.
Porque, como diría Quevedo, en esta España de pícaros y pretendientes, hay quien confunde la patria con una caja registradora y el servicio público con un negocio privado.
