La administración concursal de la conservera Bernardo Alfageme y la Fiscalía han solicitado en el Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra, que el concurso de acreedores sea declarado culpable, así como una inhabilitación de diez años para los propietarios, Juan y Gustavo Lago.
Concretamente, el ministerio fiscal solicita para Juan y Gustavo Lago, para José Álvarez –también miembro del consejo de administración de Alfageme– y para las empresas Arkiterra, Cobreiro y Oremor un total de 10 años de inhabilitación, así como una indemnización de 11,8 millones de euros solidariamente con Promalar y otros 6 millones de euros de deuda con los trabajadores. Asimismo, pide para todos ellos la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores.
Por su parte, los administradores concursales, además de la inhabilitación por 10 años, también solicitan, como indemnización, los 11,8 millones solidariamente con Promalar y, subsidiariamente, 42,5 millones de euros.
También piden que Gustavo Lago abone una indemnización de 2 millones de euros. En cuanto a las defensas de los acusados, todas ellas han solicitado que el concurso sea declarado fortuito.
Durante la vista celebrada este miércoles, la cual se prolongó más de cuatro horas y contó con la participación de una decena de testigos y dos peritos, prestó declaración Juan Lago, accionista de Alfageme y presidente del consejo de administración.
En su intervención, se remontó a los motivos de la compra de la empresa y explicó que, en el año 2006, le llamaron de la dirección de la entonces Caixanova para «hablarle de Alfageme» y pedirle que se hiciese cargo de ella.
«No me interesaba, que yo no era ningún conservero», indicó en su declaración, si bien precisó que le llamaron «varios días» y que, tras diversas reuniones, se llegó a la compra de la sociedad, dado que la entidad financiera le había dicho que adquiriese la empresa, pues «había financiación por 50 millones».
ERA «INVIABLE»
Lago aseguró que ya en ese momento la empresa «era inviable» pero que se adquirió, pues se le había asegurado que le iba a ser facilitada financiación –35 más 15 millones, que harían un total de 50– con el aval del Igape.
Lago indicó que se fue trabajando en un plan de viabilidad que incluía el cierre de las plantas de Vigo y O Grove. También se refirió a las negociaciones para conseguir los 15 millones de euros de financiación –para poder aplicar este plan–, si bien señaló que, en enero de 2010, «en vez de 10 millones» la Xunta les concedió cerca de dos millones, una cantidad que, según mantuvo, «no valía de nada».
En ese sentido, explicó que, al no llegar la financiación necesaria, decidió presentar, según indicó, asesorado por Garrigues; el concurso de acreedores en marzo de 2010.
Juan Lago también explicó que Francisco Rivas –el director general con quien se hizo el plan de viabilidad– fue nombrado porque, tras una ampliación de capital en la empresa, la Xunta había puesto esa condición. Asimismo, añadió que también fue cesado por «instrucciones de la consellería».
Su hijo y consejero delegado de Alfageme, Gustavo Lago, se expresó en términos similares y también insistió en varias ocasiones en que recurrían al despacho de Garrigues para que les asesorase en la toma de algunas decisiones, como la de presentación del concurso.
RESPONSABLE DE MÁRKETING
El que fue responsable de marketing de la empresa, Julio Mengual, explicó que la situación en el periodo 2009-2010 era «difícil» por estar limitada por los recursos financieros. Además, coincidió con los Lago en señalar que «no llegó» la financiación para poder aplicar el plan de viabilidad y por ello finalmente se acabó presentado el concurso. También defendió que, si se hubiese podido aplicar el plan de viabilidad, éste incluso habría permitido a la conservera contar con beneficios.
Por su parte, uno de los peritos que prestó declaración este miércoles descartó que hubiese «interés malicioso» por parte de los Lago en querer «hundir» a la empresa e insistió en que «la financiación no llega a la empresa y el plan de viabilidad queda en papel mojado».
Por otra parte, también compareció uno de los administradores concursales de Alfageme, Luciano de Dios, quien explicó que la situación de insolvencia en la empresa venía desde 2007.
CONCLUSIONES
En sus conclusiones, el representante de la administración concursal se refirió al momento en el que fueron concedidos los 35 millones de financiación y consideró que, de ese total, Promalar –Sociedad de la que son propietarios los Lago– se llevó unos 12 millones. «La situación es absurda, han cogido el dinero y se han escapado», indicó al respecto, al tiempo que denunció que «se ha intentado ocultar la verdad».
Así, mantuvo que, con su actuación, los acusados «entraron, fagocitaron la sociedad e impidieron que cobren los acreedores».
Por su parte, las defensas de los acusados insistieron en que, si se hubiese podido ejecutar el plan de viabilidad de la empresa, ésta podría «estar dando beneficios» y que, entonces, «estos empresarios no serían tan malos». También descartaron que el grupo de empresas de los Lago se hubiese enriquecido con la actuación en Alfageme. «Lo que pasa es que la financiación no llega y hay que presentar concurso de acreedores», insistió.
Las defensas negaron la existencia de cualquier «fin especulativo o espurio» en la compra de Alfageme, defendiendo que los Lago empezaron a trabajar en una empresa «que estaba en pérdidas» y con el objetivo de «reflotarla».
