por Alfredo Muñiz
En España hemos convertido la política en un espectáculo de variedades donde los protagonistas parecen haber perdido los papeles, el sentido de la responsabilidad y, en algunos casos, hasta el pudor.
Para que un ministro abandone el sillón parece que ya no basta con una gestión discutida: hacen falta accidentes ferroviarios, tragedias con víctimas mortales y una presión política insoportable. Óscar Puente terminó presentando su dimisión después de dos gravísimos accidentes ferroviarios en menos de un año. Y ahora, en determinados círculos socialistas, parece que hay que levantarle un monumento. ¡Un poco más y le organizan una procesión con banda de música! La responsabilidad política no debería confundirse con una canonización de urgencia.
Mientras tanto, Begoña Gómez aparece en un mitin del PSOE en Sevilla, convertida en protagonista electoral, reivindicando que se ha terminado el tiempo de las «señoras de». Todo ello mientras continúa pendiente su proceso judicial. Naturalmente, tiene derecho a defenderse y la presunción de inocencia debe respetarse, pero resulta llamativo que el escenario político se convierta también en escaparate de una situación judicial todavía sin resolver. ¡Ya solo falta la alfombra roja y el photocall!
Yolanda Díaz tampoco se queda atrás. La ministra de Trabajo presume de que le gustaría salir de piquetera en una huelga general contra un Gobierno del que forma parte. Una pirueta ideológica digna de medalla olímpica: protestar contra la gestión del Ejecutivo mientras se ocupa una de sus vicepresidencias. ¡Eso sí que es estar en misa y repicando!
Y en el capítulo de las investigaciones, la UCO ha acudido al Ministerio de Igualdad para solicitar documentación sobre el contrato de las pulseras antimaltrato adjudicado durante la etapa de Irene Montero. La Fiscalía Europea investiga posibles irregularidades relacionadas con fondos comunitarios. No hablamos de responsabilidades judiciales demostradas, sino de una investigación que exige explicaciones y transparencia. Porque estamos hablando de dispositivos destinados a proteger a mujeres víctimas de violencia. Aquí no caben ni excusas ni propaganda.
¿Adónde vamos a llegar?
Hemos inventado una nueva modalidad de responsabilidad política:
- Si hay una tragedia, se dimite cuando ya no queda más remedio.
- Si hay una investigación, se denuncia una conspiración.
- Si hay una huelga, los ministros se apuntan al piquete.
- Si hay un mitin, cualquier problema judicial puede convertirse en una oportunidad de protagonismo.
- Y si alguien abandona el cargo, sus compañeros le preparan una beatificación.
La política española parece haberse convertido en un teatro donde los actores cobran del presupuesto público, los guionistas escriben argumentarios y los espectadores, es decir, los contribuyentes, pagan la entrada sin posibilidad de abandonar la sala.
Señores políticos: menos épica, menos victimismo y menos postureo. El cargo público no es una corona, el Gobierno no es un cortijo y dimitir no convierte a nadie en santo.
Porque en España ya no sabemos si estamos gobernados por políticos, rodeados de actores o asistiendo a una función de teatro del absurdo. Lo único seguro es que la factura siempre acaba pagándola el ciudadano.
