Carlos Dívar acompañado de su «escolta íntimo» en Marbella con cargo al erario público

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Dívar tendrá que acudir a declarar al Congreso

Los hosteleros de España echarán en falta los viajes “gastronómicos” de Dívar con su escolta

La querella interpuesta pretendía destapar una serie de gastos en viajes, hoteles de lujo y cenas en restaurantes caros del presidente del Tribunal Supremo.  Carlos Dívar acusado de usar 12.996€ de dinero público para fines privados, plácidos días de descanso en Puerto Banús presuntamente con su novio, según las lenguas más viperinas. «¿¡Novio!? Jesús, María y José!! sólo faltaba que diga que lo discriminan por eso», comenta una lectora al enterarse del veredicto. Según otras fuentes, los viajes estuvieron siempre relacionados con el cargo oficial de Dívar y sus horas extra nocturnas en fin de semana.

El policía, cuyas iniciales responden a las letras J.E., acompañó igualmente a Dívar a cumbres internacionales. El escolta ejercía también como su ayudante personal, e incluso se sentaba con él a cenar en Marbella. Esas presuntas «románticas» cenas, según las malas lenguas, fueron pagadas con dinero público como gastos protocolarios al CPGJ. Dívar apostilla que las cenas en Marbella eran protocolarias. Las facturas que Dívar pasaba al CGPJ corresponden a restaurantes en Marbella Club o Puente Romano.

Igualmente el agente de seguridad acompañó a Dívar a Panamá, República Dominicana, y Chile, entre otros destinos conocidos. Estos viajes fueron siempre oficiales. Dívar no oculta que fuera acompañado de su escolta y, en algunas ocasiones de un séquito de colaboradores. Estaba preparando también un viaje a Costa de Marfil para participar en una reunión preparatoria de una asamblea de jueces pero le reprocharon que podía acudir un técnico de categoría inferior.

Por lo visto, el magistrado español, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo desde el año 2008, es una autoridad y no un funcionario público. Así las cosas, según la ley no necesita acreditar el motivo del viaje y puede invitar a quien quiera. En España una autoridad como Dívar está autorizada a realizar gastos supuestamente en fin de semana con cargo al órgano de gobierno de los jueces. Los más malvados rumorean que igual que Curro el que anuncia los viajes, el magistrado se podría ir al Caribe para reflexionar sobre las hamacas frente al mar…Aquí paz y en el cielo gloria.

Dívar tiene la conciencia tranquila al declarar que en sus más de veinte viajes, estancias en hoteles y cenas en Marbella actuó: «politica, moral y juridicamente de forma correcta». Veremos si aclara algo en el congreso: «La hija de Garzón mete caña a la Justicia y arremete contra Dívar, tras su brindis con champán«.

La Fiscalía no ve delito en los viajes de Carlos Dívar con su novio a Marbella. Según la nota de Europa Press: «Pagó parte y no debía justificarlos»

La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a la admisión de la querella interpuesta por la asociación de juristas Preeminencia del Derecho contra el presidente de este órgano y del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar,  relacionada con los gastos de la veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga) desde que tomó posesión del cargo. No ve delito porque pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos.

El escrito presentado este viernes ante la Sala de lo Penal de este órgano señala que los hechos comprendidos en la querella no constituyen delito, que en todo caso sería de malversación. Llega a afirmar que Dívar  fue acomodándose «caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar».

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, que es el mismo que archivó las diligencias informativas abiertas por el Ministerio Público a raíz de la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez, comienza su escrito señalando que en este caso no cabe estafa, sino malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal), una conducta que requiere ánimo de lucro para ser delictiva.

LIMITES «IMPRECISOS»

Además, el teniente fiscal resalta que en el caso de autoridades  como Dívar que son de «jerarquía máxima», y a diferencia de lo que ocurre con los  funcionarios, existen unos «límites más imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente».

Martín-Casallo  recuerda las conclusiones a las que llegó en el decreto por el que se archivaron las diligencias abiertas en la Fiscalía, en la que agrupó los 20 viajes a los que se refiere la querella en tres grupos: los que no generaron gastos al Consejo; los que en parte fueron pagados por el Consejo y en parte por el querellado, como consecuencia de coincidir una parte pública con una parte privada del viaje; y los que fueron abonados en su totalidad con cargo a fondos públicos por corresponder a actividades oficiales.

A este respecto, el Ministerio Público señala que la normativa adoptada por el Consejo en 1996 no puede jugar en contra del querellado, es decir «si no existe una norma establecida y un uso perfectamente reglado en cuanto a la justificación de gastos, y si existe, por el contrario, un silencia de la Intervención en todos los supuestos, no puede exigírsele ‘a posteriori’ (*) que justifique el  motivo del viaje».

Para el fiscal, el procedimiento debería ser el contrario,  que se establezca un procedimiento en el que taxativamente se fijen las causas y los supuestos de justificación de gastos y se aplique con posterioridad el tipo penal correspondiente.

Preeminencia del Derecho presentó primero una denuncia, que fue archivaday posteriormente la transformó en querella por no considerar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.

A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.

«La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial», señalaba el escrito.