El cacao de la vivienda
Moncloa descubre una nueva modalidad legislativa: aprobar una norma y necesitar otra para explicar qué quería decir la primera
Hay una cosa que nadie podrá reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez: aburrirnos con la vivienda.
En Moncloa han encontrado una fórmula revolucionaria para afrontar el problema habitacional: cuando una norma se queda corta, se añade otra. Y cuando las dos empiezan a hacerse sombra, siempre queda la posibilidad de explicarlas con una tercera.
Es la política inmobiliaria por capas.
Como una lasaña.
Solo que en vez de pasta lleva BOE.
Según la información publicada por La Razón, el Gobierno aprobó dos normas sobre vivienda en la misma reunión del Consejo de Ministros. La segunda modifica aspectos de la primera y establece cómo deben interpretarse algunas de sus disposiciones para que ambas puedan convivir.
Dicho en castellano antiguo:
primero hacemos una cosa y después hacemos otra para explicar la primera.
Un método que podría extenderse a toda la Administración.
—¿Qué dice la norma?
—No está claro.
—¿Y la siguiente?
—Aclara la anterior.
—¿Y la vivienda?
—Eso ya si eso lo vemos más adelante.
El artículo 10.1, ahora sí, ahora no
El asunto tiene además un detalle que demuestra hasta qué punto la cuestión ha alcanzado categoría de alta cocina jurídica.
El primer texto modifica el artículo 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y establece determinadas prórrogas anuales.
El segundo vuelve sobre ese mismo artículo y cambia las condiciones, introduciendo renovaciones sucesivas de cinco años —o siete cuando el propietario sea una persona jurídica— y ampliando determinados plazos de preaviso.
Todo ello, prácticamente en la misma operación política.
La Administración española ha descubierto el equivalente legislativo del botón “deshacer”.
Solo que aquí no basta con pulsar Ctrl+Z.
Hace falta el Consejo de Ministros, el BOE y, si se tercia, una negociación parlamentaria.
El ciudadano ante el BOE
Imagínese al ciudadano normal intentando averiguar qué le afecta.
Abre el BOE.
Busca el artículo.
Lee una cosa.
Consulta la modificación.
Descubre otra.
Vuelve atrás.
Y termina preguntándose si está leyendo una ley, una excepción o las instrucciones de montaje de un armario de Ikea.
La diferencia es que Ikea, por lo menos, suele indicar dónde va cada tornillo.
El inquilino
El inquilino puede respirar algo más tranquilo en determinados supuestos, porque el paquete incorpora mecanismos destinados a prolongar la estabilidad de algunos contratos.
Pero también tendrá que seguir de cerca fechas, condiciones y excepciones.
Porque una cosa es tener derechos y otra muy distinta saber exactamente cuándo empiezan, cuándo terminan y qué norma los regula.
En España hemos conseguido que encontrar piso sea difícil y entender el contrato requiera casi una oposición administrativa.
Y el propietario
El propietario tampoco tiene motivos para organizar una fiesta.
Si no comunica correctamente su voluntad de no renovar, puede encontrarse con nuevas prórrogas y, en determinados casos, con obligaciones económicas adicionales.
Entonces mira el piso.
Mira el IBI.
Mira la comunidad.
Mira la factura del fontanero.
Mira el BOE.
Y piensa:
“Quizá vendo y me compro una caravana.”
La caravana, al menos, no tiene disposición transitoria.
Sumar entra en escena
La explicación política tiene además su pequeña dosis de ingeniería parlamentaria.
Según la información publicada, algunas de estas medidas se incorporaron durante las negociaciones entre el PSOE y Sumar y terminaron articulándose en un texto separado.
Traducido al idioma de la política de coalición:
primero hay que conseguir que el socio vote; después ya veremos cómo encaja todo jurídicamente.
Es una técnica perfectamente española:
la geometría variable aplicada al BOE.
El verdadero problema
Y aquí termina el chiste y empieza el problema serio.
España necesita vivienda.
El debate puede centrarse en proteger al inquilino, dar estabilidad al propietario, limitar determinadas situaciones o fomentar la oferta.
Pero una norma, por sí sola, no construye un piso.
No crea suelo.
No levanta una promoción.
No convierte un local en vivienda.
No hace aparecer veinte apartamentos donde ayer había un descampado.
El BOE puede regular el mercado. No puede fabricar ladrillos.
Y ese es quizá el punto que se pierde entre tanta letra pequeña.
El Ministerio del Cacao
Ante semejante panorama, propongo una solución definitiva:
crear el Ministerio de Interpretación de la Vivienda.
Su principal función sería responder a una pregunta aparentemente sencilla:
—¿Qué puedo hacer con mi piso?
—Depende.
—¿De qué?
—De la norma.
—¿Cuál?
—La que esté vigente.
—¿Y cuál está vigente?
Silencio administrativo.
El funcionario levantaría entonces la vista y entregaría al ciudadano una carpeta de 400 páginas.
En la portada:
“No se preocupe. Es muy sencillo.”
La gran paradoja
El problema de la vivienda tiene una solución extraordinariamente poco sofisticada: hacen falta más viviendas donde hacen falta viviendas.
Pero eso exige suelo, inversión, construcción, infraestructuras, financiación y tiempo.
Mucho menos espectacular que anunciar una nueva norma.
Y bastante más difícil de explicar en una rueda de prensa.
Por eso seguimos acumulando páginas mientras seguimos necesitando pisos.
Y así llegamos al gran cacao:
tenemos una legislación inmobiliaria cada vez más compleja y una oferta de vivienda que sigue sin aparecer por arte de magia.
Quizá algún día alguien tenga una idea revolucionaria.
Construir.
Pero para eso, de momento, parece que no hace falta otro decreto.
Solo ladrillos.
