¿NOS ESTAMOS VOLVIENDO LOCOS? ¡LA REVOLUCIÓN DEL HELADO Y EL SAQUEO DE LA JUSTICIA SOCIAL!
Por Alfredo Muñiz
Hay revoluciones que pasan a la historia por cambiar el mundo y otras que pasarán a la posteridad por dejar una heladería hecha unos zorros. París, Milán y otras grandes ciudades europeas parecen haberse convertido, en determinados episodios de violencia callejera, en el escenario de una nueva modalidad de protesta: la justicia social a golpe de escaparate, el progreso a pedradas y la igualdad de oportunidades con las manos metidas en la caja registradora.
Hay quien justificará la situación por desesperación, pero el vandalismo no es justificable.
Uno contempla las imágenes de comercios asaltados, escaparates destrozados y establecimientos saqueados, y no puede evitar preguntarse si nos estamos volviendo locos o si hemos decidido sustituir el diálogo por una competición olímpica de lanzamiento de adoquines. Porque, al parecer, algunos iluminados han llegado a la conclusión de que para defender los derechos de una minoría lo más eficaz es arruinar el negocio de otra persona que, probablemente, no tiene más culpa que haberse levantado a las seis de la mañana para abrir su tienda.
¡Magnífico razonamiento! El empresario madruga, paga alquileres, impuestos, nóminas y facturas; el empleado se sube al transporte público para llegar puntual al trabajo, mientras hace malabarismos con la cuenta corriente para llegar a fin de mes. Y, de pronto, aparece una cuadrilla de justicieros de fin de semana que decide que la mejor manera de combatir las injusticias del sistema consiste en destrozar el medio de vida de quienes también intentan sobrevivir dentro de él.
Si una heladería vende demasiados cucuruchos, se convierte en objetivo revolucionario. Si una tienda tiene escaparates, parece que está pidiendo a gritos una pedrada. Y si un pequeño comerciante ha conseguido levantar un negocio después de años de sacrificios, siempre habrá algún defensor de la humanidad dispuesto a explicarle, a golpe de saqueo, que la propiedad privada es una antigualla burguesa… especialmente cuando la propiedad es de otro.
¡Qué generosidad la de estos revolucionarios con el dinero ajeno!
Naturalmente, protestar es un derecho fundamental. Denunciar el racismo, la discriminación, los abusos de poder o cualquier injusticia es legítimo y, en muchas ocasiones, necesario. Pero conviene recordar una pequeña diferencia que algunos parecen haber olvidado entre una manifestación y una excursión colectiva al código penal: defender una causa no convierte cualquier barbaridad en una causa justa.
La libertad de expresión no incluye el derecho a destrozar el escaparate del vecino. La indignación no es una licencia para saquear y la frustración social no convierte al comerciante de la esquina en el responsable universal de todos los males del planeta.
Los problemas se discuten, se negocian, se denuncian y se resuelven mediante las instituciones, la movilización pacífica y la presión ciudadana. A veces, con lentitud desesperante; otras, con resultados insuficientes. Pero si cada discrepancia termina en una batalla campal, acabaremos viviendo en una sociedad donde el argumento más convincente será el que lleve más piedras en la mochila.
Y aquí aparece la gran paradoja: quienes dicen luchar por una sociedad más justa pueden terminar alimentando precisamente aquello que aseguran combatir. Cada comercio destruido, cada trabajador perjudicado y cada ciudadano que siente miedo al regresar a casa contribuyen a extender la sensación de inseguridad. Y cuando la población se cansa de ver cómo se deterioran sus calles, aumenta la presión para exigir más policía, penas más severas y políticas de orden público más duras.
Entonces llegan los partidos que prometen mano dura, fronteras más estrictas y controles más rigurosos. Los discursos conservadores encuentran nuevos argumentos y los ciudadanos que antes dudaban empiezan a preguntarse si no será preferible sacrificar parte de la tolerancia política antes que seguir contemplando el espectáculo de la impunidad.
La ironía es monumental: algunos presuntos revolucionarios, convencidos de estar derribando el sistema, pueden acabar trabajando gratis para los políticos que más detestan.
Eso sí, conviene no confundir las responsabilidades individuales con el origen de una persona. El vandalismo no tiene pasaporte, ni ideología exclusiva, ni monopolio de una nacionalidad. Hay ciudadanos nacidos dentro y fuera de Europa que respetan las leyes, trabajan y contribuyen a la sociedad, y también hay individuos de cualquier procedencia que las incumplen. La respuesta debe dirigirse contra quienes cometen delitos, no contra colectivos enteros por su origen. De lo contrario, la defensa de la convivencia terminaría convirtiéndose en otra forma de injusticia.
Europa necesita seguridad, pero también sentido común; necesita integración, pero también reglas claras; necesita defender los derechos de las minorías sin permitir que nadie utilice esos derechos como coartada para pisotear los de los demás.
Porque hay una diferencia abismal entre luchar por un mundo mejor y dejar el mundo del vecino hecho una ruina.
Quizá haya llegado la hora de convocar una nueva revolución. Una revolución sin adoquines, sin escaparates rotos y sin heladerías saqueadas. Una en la que los manifestantes lleven propuestas en lugar de piedras, los políticos escuchen en lugar de echar gasolina al fuego y los responsables de los destrozos descubran que la solidaridad no consiste en repartir las pérdidas entre quienes no tienen ninguna culpa.
Y, si después de tanta destrucción alguien todavía quiere convencernos de que el vandalismo es una herramienta de transformación social, que empiece dando ejemplo: que monte una tienda, pague las facturas, contrate empleados y espere a que una turba le destroce el negocio en nombre de la justicia universal.
A lo mejor, cuando tenga que recoger los cristales del suelo y calcular cuánto le cuesta volver a abrir, descubre que la revolución pierde bastante encanto cuando la factura llega a su propio domicilio.
Porque una sociedad civilizada no se mide por la cantidad de escaparates que consigue romper, sino por su capacidad para resolver los conflictos sin convertir las calles en un campo de batalla.
Y si para defender la justicia necesitamos destruir la vida de quienes trabajan honradamente, quizá el problema no sea que nos falte revolución.
Quizá lo que nos falte sea, sencillamente, un poco de cabeza. Y, puestos a pedir, que la próxima revolución empiece por las neuronas y no por la heladería de la esquina.
