La antología del disparate del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no tiene límites. Pese a intentar hacer ver una realidad paralela, la cruda realidad aflora: Sanidad contrató test defectuosos por 17,1 millones de euros a un supuesto proveedor de confianza. Nada menos que una empresa con sede en Cataluña, de nombre Interpharma. Como consecuencia, el Gobierno tuvo que devolver 659.000 test rápidos. Por su parte, China desvela que España compró los test fallidos a un fabricante sin licencia. Nos llegan graves informaciones de expertos en distribución farmacéutica sobre presuntas infracciones graves en esos tramites. No obstante, dada la complejidad del asunto, consideramos que el organismo competente español en comercio exterior de productos sanitarios, es decir Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), debería abrir inmediatamente procedimientos inspectores para evitar riesgos en la salud pública de todos los españoles, si es que no lo ha hecho ya, por el uso de material inadecuado. Por tanto, dichos asuntos deben ser tratados en un juzgado y no en medios de comunicación que pueden incurrir en graves delitos al desconocer el procedimiento técnico utilizado. Informa Alfredo Muñiz.
Entretanto el pueblo permanece con miedo confinado en sus casas, ya sentenció en su día Mark Twain: “Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que de que han sido engañados”.
