¡Maricarmen, echa gasolina… que el sueldo no llega ni al surtidor!
por Alfredo Muñiz
Crónica de un país donde llenar el coche cuesta un riñón, encontrar piso exige una herencia y resolver los problemas parece requerir dos decretos, tres ministerios y un máster en cacao inmobiliario.
Imaginemos a Maricarmen camino del trabajo. Se levanta temprano, desayuna a toda prisa y se dirige a la gasolinera, dispuesta a cumplir con sus obligaciones laborales y contribuir, como buena ciudadana, al sostenimiento del Estado del bienestar.
—Lleno, por favor.
El empleado empieza a llenar el depósito. Maricarmen mira el surtidor, después la pantalla de su cuenta bancaria y finalmente al empleado.
—Perdone, ¿podría parar? Que todavía tengo que llegar al trabajo, pagar el alquiler y comer este mes.
El problema es que la gasolina ya no se vende por litros, sino por suspiros. Cada visita al surtidor se parece más a una operación financiera de alto riesgo que a una parada para repostar. Y el coche, que antes servía para ir a trabajar, empieza a convertirse en un artículo de lujo, como un yate en Marbella o un apartamento en el centro de Madrid.
La gasolina se ha convertido en ese invitado de piedra que llega a todos los hogares sin llamar a la puerta. Sube el combustible y no tarda en subir el transporte; después, los alimentos, la ropa, los servicios y hasta el café que uno se toma para digerir la factura de la compra.
Porque el camión que trae las patatas no funciona con buenas intenciones, ni el repartidor puede llenar el depósito con promesas electorales. Al final, la gasolina se convierte en un impuesto invisible que pagamos todos, incluso quienes no tienen coche.
Y así, mientras el Gobierno puede presumir de que la inflación se modera en los titulares, el ciudadano descubre que llenar la nevera se ha convertido en una actividad de alto riesgo financiero. La cesta de la compra ya no necesita ruedas: le basta con el precio del combustible para ponerse por las nubes.
¡Qué maravilla de economía circular! El petróleo sube, los precios se disparan y el sueldo da vueltas sobre sí mismo, pero nunca llega a ninguna parte.
A 1 de octubre, la gasolina ronda los 1,90 euros por litro y el Gobierno ha prorrogado las rebajas fiscales para intentar contener el golpe. El diésel, por su parte, se ha encarecido un 8 % durante septiembre, pese a las ayudas.
Maricarmen hace cuentas. Si llena el depósito, llega al trabajo, pero quizá no pueda pagar el alquiler. Si no lo llena, conserva el dinero para la vivienda, pero corre el riesgo de que su jefe descubra que el teletrabajo no figuraba en su contrato.
Y entonces comprende la grandeza de la política contemporánea: para sobrevivir hay que elegir entre desplazarse para ganar dinero y conservar el dinero que se gana para poder vivir.
Mientras tanto, en los despachos oficiales, la realidad se contempla con una perspectiva mucho más elevada. Desde un ministerio, el precio de la gasolina es una variable; desde el surtidor, es un sablazo con manguera.
El milagro de los ocho años
Pero si hay un asunto que amenaza con dejar a Maricarmen definitivamente a pie, ese es la vivienda.
Ocho años de legislatura socialista —con sus correspondientes anuncios, planes, promesas y ruedas de prensa— y el acceso a una vivienda sigue siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza de los españoles. La ministra Isabel Rodríguez lo reconoce: es el principal problema de la ciudadanía.
Y ahora, cuando la legislatura empieza a oler a final de temporada, llega la solución: ¡dos decretos ley!
Dos, por si uno no fuera suficiente para encontrar un piso.
El Gobierno ha aprobado nuevas medidas sobre alquileres, prórrogas y protección de inquilinos, que todavía deben superar su correspondiente tramitación parlamentaria.
La escena tiene su aquel. La ministra intenta explicar el mecanismo de los decretos y termina reconociendo que tiene un «cacao». No es una metáfora inventada por la oposición: es la expresión que recogen los medios sobre su propia explicación.
Y uno se pregunta: si quien cocina la receta reconoce que se le han mezclado los ingredientes, ¿qué esperanza le queda al ciudadano que solo quiere encontrar un piso sin hipotecar hasta la respiración?
Tenemos el cacao inmobiliario, el alquiler por las nubes y los jóvenes haciendo planes de emancipación a veinte años vista. A este paso, la primera vivienda no se heredará de los padres, sino de los nietos.
La gasolina como cortina de humo
Aquí aparece la gran habilidad del debate político: convertir cada problema en el problema definitivo, hasta que llega el siguiente y manda al anterior al desván de las preocupaciones.
Hoy hablamos de gasolina. Mañana, de una ayuda extraordinaria. Pasado, de un nuevo decreto. Y mientras discutimos si el descuento en el surtidor es de cinco, diez o veinte céntimos, Maricarmen sigue sin saber si podrá pagar el alquiler el próximo mes.
Porque el precio del combustible importa, y mucho. Especialmente para quien necesita el coche para trabajar, vive lejos de su empleo o no dispone de transporte público adecuado. Pero una cosa es atender esa urgencia y otra muy distinta convertirla en el decorado que tape los problemas estructurales.
La vivienda no se arregla con una rebaja temporal en la gasolina. Ni el transporte se paga con una promesa de alquiler asequible. Son problemas diferentes, aunque terminen peleándose por el mismo dinero que queda en la cuenta corriente.
Y, por supuesto, cada medida viene acompañada de su correspondiente ceremonia: anuncio solemne, declaración ministerial, negociación parlamentaria y una colección de siglas que harían palidecer a la NASA.
Al final, el ciudadano necesita un diccionario para entender el decreto y un milagro para pagar la factura.
Maricarmen, entre el surtidor y el ladrillo
Imaginemos que nuestra protagonista consigue llegar al trabajo. Cumple su jornada, cobra su sueldo y regresa a casa. En el trayecto, vuelve a pasar por la gasolinera y contempla el precio del combustible con la misma expresión con la que un coleccionista observa un diamante.
Después llega a su vivienda y abre el buzón. No hay una solución definitiva a sus problemas, sino otra comunicación del propietario.
Maricarmen suspira.
—¡Qué tranquilidad! Al menos tengo dos decretos ley para leer mientras ceno.
Y así transcurre la vida de una ciudadana que no pide un palacio, un chófer ni una piscina climatizada. Solo quiere trabajar, pagar un alquiler razonable y llenar el depósito sin tener que solicitar financiación al Banco de España.
La política, sin embargo, parece empeñada en resolver los problemas por fascículos. Primero, el combustible. Después, la vivienda. Más tarde, ya veremos. Y si la solución no funciona, siempre queda la posibilidad de aprobar otro decreto y convocar una rueda de prensa.
La verdadera emergencia de Maricarmen no es que el coche se quede sin gasolina. Es que, después de ocho años de promesas, siga sin saber si el sueldo le alcanzará para llegar al trabajo, pagar el techo y vivir con cierta dignidad.
Porque una legislatura puede quedarse sin combustible, pero un país no puede vivir eternamente en reserva.
Y si la ministra reconoce que tiene un cacao inmobiliario, Maricarmen tiene otro mucho más urgente: el de llegar a fin de mes.
Eso sí, con una diferencia fundamental: el cacao de la ministra se explica en una rueda de prensa. El de Maricarmen se paga en la caja.
