El presi desahuciado y su faro progresista: ¡mucha luz, pero nadie encuentra el interruptor!

EL PRESI DESAHUCIADO: EL FARO DEL PROGRESISMO QUE ALUMBRA HACIA OTRO LADO

por Alfredo Muñiz

Hay faros que guían a los barcos, faros que orientan a los navegantes y faros que, cuando uno se acerca, descubre que tienen más propaganda que bombillas. En esta última categoría parece haber colocado Francina Armengol a Pedro Sánchez, al definirlo como «la luz y el faro del progresismo europeo e internacional». Ahí es nada. No un presidente, ni un líder, ni siquiera un estadista: ¡un faro! Solo falta que le pongan una placa solar, lo declaren patrimonio de la humanidad y cobren entrada por contemplar el prodigio.

La declaración llega en un momento especialmente oportuno, cuando el panorama político que rodea al presidente parece más una novela por entregas que un folleto turístico de La Moncloa. Los procedimientos judiciales que afectan a personas de su entorno, las controversias políticas y las preguntas pendientes sobre determinados asuntos han convertido la actualidad en una sucesión de capítulos que ni el mejor guionista se atrevería a presentar como una comedia familiar. Eso sí, conviene distinguir: una investigación no es una condena, una acusación no es una sentencia y cada asunto debe resolverse donde corresponde, en los tribunales.

Pero para los encargados de la iluminación política, los matices son un engorro. Lo importante es mantener encendido el rótulo: «Faro del progresismo». Aunque alrededor haya tanto humo que uno empiece a sospechar que la linterna necesita una inspección técnica.

Por los alrededores de ese faro también aparecen los asuntos judiciales que afectan a Begoña Gómez, esposa del presidente; las controversias relacionadas con su hermano, David Sánchez, y las preguntas sobre el caso Plus Ultra. A ello se suman las informaciones y sospechas que han circulado sobre José Luis Rodríguez Zapatero y sus relaciones económicas. Cada asunto tiene su propio recorrido y exige sus propias pruebas, pero el conjunto alimenta una pregunta incómoda: ¿en qué momento la superioridad moral proclamada por algunos se convirtió en una cuestión que necesita tantas explicaciones?

Mientras tanto, la vivienda continúa siendo el gran escaparate de las promesas progresistas. Años de discursos, anuncios, planes, decretos y solemnes declaraciones sobre el derecho a un techo, pero demasiados ciudadanos siguen haciendo cuentas para descubrir que pueden pagar el alquiler o llenar la nevera, aunque no siempre ambas cosas a la vez.

La política de vivienda se ha convertido en una curiosa especialidad nacional: se inauguran soluciones en las ruedas de prensa y se descubren problemas en el recibo del alquiler. El Gobierno anuncia medidas, la oposición las discute, los socios se reprochan incumplimientos y el ciudadano contempla el espectáculo desde la acera, preguntándose si el piso anunciado estará disponible antes de que se jubile o si, para entonces, tendrá que solicitarlo como residencia histórica.

Y en medio de este panorama aparece el caso de Maricarmen, fallecida tras el desahucio, cuyas declaraciones, según se ha publicado, responsabilizaban políticamente a Sánchez de su situación. Su historia merece algo más que una utilización partidista: merece respeto y una reflexión seria sobre la vulnerabilidad, la vivienda y la capacidad de las instituciones para evitar que una persona llegue al límite. Convertir una tragedia en munición electoral no resuelve el problema; pero tampoco lo resuelve presentar al Gobierno como salvador universal mientras persisten situaciones dramáticas.

Si el progresismo consiste en proteger a quienes más lo necesitan, la prueba no está en la cantidad de veces que se pronuncia la palabra derecho, sino en los resultados que pueden comprobarse. Una familia no paga el alquiler con una declaración solemne, ni consigue una vivienda con una fotografía de gabinete. Los problemas sociales no desaparecen porque el Consejo de Ministros les cambie el nombre.

También tenemos la cuestión migratoria, con la presión sobre las fronteras, los episodios de entrada irregular en Ceuta y las dificultades que afrontan distintas comunidades para gestionar la llegada y la acogida de personas. Un asunto complejo que exige humanidad, control, coordinación y recursos. Precisamente por eso, reducirlo a una disputa entre buenos y malos resulta tan cómodo para el mitin como insuficiente para quien tiene que gestionar el problema.

Pero volvamos al faro. Según la metáfora de Armengol, Sánchez ilumina Europa y el mundo. Cabe preguntarse si esa luz también alcanza los rincones menos fotogénicos de la política nacional o si funciona con un sensor selectivo: se enciende ante los discursos, parpadea cuando llegan las preguntas incómodas y se apaga cuando el ciudadano pide resultados.

Armengol, además, se mostró convencida de que Sánchez volverá a ganar las elecciones y defendió la necesidad de un Gobierno progresista para dar respuesta al problema de la vivienda. La confianza política es legítima; convertirla en profecía, sin embargo, es una afición arriesgada. Las urnas no son una ceremonia de canonización y los votantes no tienen obligación de confundir la propaganda con el balance de gestión.

Quizá el problema no sea que Sánchez aspire a ser un faro. Todo dirigente quiere dejar huella y vender su proyecto como una luz en mitad de la tormenta. El problema aparece cuando quienes lo rodean se dedican a describir el resplandor mientras los ciudadanos buscan, a tientas, una solución para sus problemas cotidianos.

Porque un faro de verdad sirve para evitar naufragios. No para organizar visitas guiadas al barco, repartir folletos sobre la excelencia de su capitán y culpar al oleaje de que haya entrado agua en la bodega.

Y así llegamos al título que mejor encaja con este prodigio de la iluminación política: el presi desahuciado. No necesariamente de La Moncloa —eso lo decidirán los electores—, sino de esa cómoda vivienda moral en la que algunos dirigentes se instalan, convencidos de que la palabra progresismo les garantiza la razón, la inocencia política y hasta la factura de la luz pagada.

Porque cuando un faro necesita que sus propios compañeros expliquen continuamente lo mucho que alumbra, quizá convenga dejar de mirar el discurso y comprobar si todavía funciona la bombilla. Y, de paso, preguntar quién paga la electricidad.

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