El diputado del PSOE Francisco González abandona la política tras ser pillado en presuntos trapicheos.
Francisco González, conocido en su pueblo por el apodo de Quico, se ve obligado a renunciar a su escaño tras la apertura de juicio por un delito de exacciones ilegales. Los rumores sobre sus supuestas fechorías se han convertido en una acusación ante el juez. Durante su etapa de alcalde de Cudillero es acusado de haber cobrado entre 2003 y 2008 la seguridad que prestaban agentes de la Policía Local a cuatro chiringuitos que se colocaban en el puerto viejo de Cudillero durante los fines de semana por el verano. González ejerció de regidor del pueblecito marinero durante 21 años y en las últimas elecciones fue elegido diputado del Gobierno del Principado de Asturias presidido por Javier Fernández.
Lo curios del asunto es que el PSOE se encuentra en el Gobierno gracias al apoyo de IU y a un diputado de UPyD,y la formación política paralizó el plan de ajuste del sector público por temor a encontrarse en minoría en el parlamento. Ahora su puesto será ocupado por la socialista Elsa Pérez.
Quico se declara inocente
“El tiempo da y quita razones y a partir de ahora voy a disponer de mucho más para demostrar la mía”, ha advertido ante las acusaciones esgrimidas sobre su persona.
Por lo visto, el imputado alega que aunque no existía una ordenanza municipal, nunca fue advertido ni por los servicios jurídicos ni económicos del consistorio y además explica que existe una sentencia del tribunal Supremo que señala que si hay un acuerdo entre las partes no es necesaria la ordenanza.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha exigido que, en el plazo de 24 horas, Francisco González preste una fianza de 25.000 euros para garantizar las probables responsabilidades civiles, de 10.000 euros, en el caso de la edil María Verena Prendes. En cambio, ordena el sobreseimiento de la causa para los delitos de cohecho y apropiación indebida que las acusaciones particulares les imputaban. De todas forma, aún existe la posibilidad de que hubiera podido cometer otro delito de prevaricación, la causa se encuentra pendiente de resolución.
