Pinocho S. A.: narices largas, sillones cómodos y promesas con letra pequeña
por ALFREDO Muñiz
Crónica de una sociedad en la que la palabra dada cotiza a la baja y la mentira disfruta de un excelente blindaje
Hubo un tiempo en que mentir tenía mala prensa. El embustero bajaba la mirada, se ruborizaba y, si lo pillaban con las manos en la masa, al menos tenía la decencia de poner cara de circunstancias. Hoy, sin embargo, la mentira ha conseguido un ascenso meteórico: cotiza en Bolsa, se sienta en los consejos de administración, ocupa escaños parlamentarios y hasta puede presumir de asesores de comunicación. Ya no se esconde debajo de la alfombra. Se presenta en rueda de prensa, pide turno de palabra y, si hace falta, acusa de mentir al que acaba de descubrirla.
Vivimos en la era dorada del embuste institucionalizado. La verdad se ha convertido en una antigualla, como el honor, la palabra dada o aquellos apretones de manos que servían para cerrar un trato sin necesidad de contratar a tres abogados, dos auditores y un detective privado.
Moncloa: fábrica de promesas con fecha de caducidad
En la política española tenemos un protagonista que invita a consultar la hemeroteca con la misma devoción con la que los arqueólogos examinan las ruinas de una civilización desaparecida: Pedro Sánchez.
El presidente ha protagonizado numerosos cambios de posición sobre asuntos relevantes, algunos de los cuales han quedado documentados en declaraciones públicas, entrevistas y compromisos electorales. Sus defensores los presentan como rectificaciones necesarias ante una realidad cambiante; sus detractores, como ejemplos de oportunismo político. El ciudadano, entretanto, contempla el espectáculo y se pregunta si aquello que ayer era innegociable puede convertirse mañana en una conquista histórica con solo cambiar el argumentario.
La hemeroteca es una caja de Pandora. Basta abrirla para que salgan volando las declaraciones antiguas, las promesas solemnes y los juramentos que parecían escritos sobre piedra, pero que debieron de redactarse sobre papel soluble.
Ahí está el debate sobre la amnistía vinculada al procés catalán. Quienes la rechazaban como una posibilidad incompatible con sus principios terminaron defendiéndola como instrumento de normalización política. Sánchez consiguió la investidura en noviembre de 2023 con el apoyo de distintas formaciones, entre ellas Junts, ERC, Sumar, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria, después de que el PP obtuviera más escaños en las elecciones generales del 23 de julio. Ganar en escaños no garantiza gobernar; para eso existen las mayorías parlamentarias. Otra cosa es el precio político de reunirlas y la coherencia con las palabras pronunciadas antes de necesitarlas.
Carles Puigdemont, convertido en pieza decisiva de aquella negociación desde Bélgica, pasó a ocupar un lugar central en el tablero de la política española. Para sus partidarios, la amnistía era una vía de reconciliación; para sus adversarios, una concesión hecha a cambio de los votos necesarios para alcanzar el poder. En política, como en los grandes almacenes, casi todo depende de la etiqueta que se coloque sobre el producto.
La pregunta no es si un político puede rectificar. Naturalmente que puede. Lo que cabe preguntarse es si debe explicar con claridad por qué ha cambiado de opinión o si basta con cambiar de opinión y exigir que los demás cambien también de memoria.
Porque una cosa es rectificar y otra practicar el funambulismo moral: caminar sobre una cuerda floja de contradicciones mientras se asegura al público que nunca se ha abandonado el suelo firme.
El milagro de la palabra que nunca se dio
El prodigio de nuestra época consiste en que nadie parece mentir nunca. Como mucho, se produce una «interpretación interesada», una «descontextualización», una «narrativa de la oposición» o una «diferencia de matiz». La mentira ha contratado un gabinete de prensa y ahora se presenta con traje de tecnócrata.
Si un político promete una cosa y hace la contraria, no ha incumplido necesariamente una promesa: ha evolucionado. Si cambia de criterio cuando necesita votos, no es oportunismo: es responsabilidad de Estado. Y si alguien recupera la grabación de aquella declaración tan incómoda, el problema ya no es lo que se dijo, sino la mala intención de quien se atreve a reproducirla.
¡Qué tiempos aquellos en los que el mentiroso temía que lo descubrieran! Ahora parece temer únicamente que el desmentido no llegue a tiempo al informativo de la noche.
El ciudadano, mientras tanto, aprende una lección poco edificante: la palabra vale lo que dure la necesidad de pronunciarla.
Del Congreso al consejo de administración
Pero sería demasiado cómodo colocar todas las narices largas en el Palacio de la Moncloa. Pinocho no tiene residencia oficial. También frecuenta despachos privados, salas de juntas y consejos de administración de empresas familiares.
Allí encontramos otra versión de la misma comedia: consejeros que invocan la unidad familiar mientras practican la división de los beneficios; administradores que proclaman transparencia y convierten las cuentas en un jeroglífico; y socios que descubren de repente su vocación de guardianes del patrimonio común justo cuando alguien les pregunta por determinadas operaciones, retribuciones o decisiones de gestión.
En algunas empresas familiares, el apellido funciona como una suerte de salvoconducto. Se heredan las acciones, los cargos, los sillones y hasta las susceptibilidades, pero los valores no siempre pasan de una generación a otra con la misma eficacia.
El abuelo levantó la empresa con esfuerzo, prudencia y una reputación que tardó décadas en construir. La siguiente generación recibió el testigo y, en ocasiones, confundió administrar el patrimonio con administrar su propio poder. Después llegaron los expertos en gobernanza de salón, capaces de pronunciar durante dos horas las palabras «buen gobierno corporativo» sin responder en cinco minutos a una pregunta concreta.
La familia se convierte entonces en una pequeña república bananera con estatutos sociales. Hay mayorías parlamentarias, pactos de investidura, ministros de confianza, oposición incómoda y una diplomacia interna que haría palidecer a cualquier canciller. El consejo de administración se transforma en un Congreso en miniatura, solo que aquí las votaciones pueden afectar directamente al bolsillo de los accionistas.
Y, como en la política, el relato adquiere más importancia que los hechos. Si las cuentas no acompañan, se discute el tono de quien pregunta. Si aparece una contradicción, se cuestiona la memoria del interlocutor. Si alguien reclama explicaciones, se le acusa de romper la armonía familiar.
La armonía, por supuesto, consiste en que nadie haga preguntas. Es la paz de los cementerios, pero con dietas por asistencia.
Una generación sin palabra… y con muchos asesores
No se trata de condenar a toda una generación. Sería tan injusto como absurdo: hay jóvenes y mayores que conservan intactos el sentido del deber, la honestidad y el respeto por los demás. El problema no está en la fecha de nacimiento, sino en una cultura que premia la supervivencia en el cargo por encima de la coherencia, y la habilidad para manipular el relato por encima de la obligación de rendir cuentas.
En política y en la empresa, algunos han aprendido que pedir perdón puede parecer una debilidad, reconocer un error puede abrir una grieta y decir la verdad puede resultar inconveniente para la estrategia. De modo que se contrata a un asesor, se redacta un comunicado y se espera a que el escándalo prescriba en la memoria colectiva.
La nueva virtud no es cumplir la palabra, sino conseguir que nadie recuerde haberla escuchado.
Y así vamos construyendo una sociedad en la que la responsabilidad se delega, la culpa se reparte y la verdad se subcontrata. Cuando algo sale mal, nadie tomó la decisión; cuando algo sale bien, todos quieren salir en la fotografía. El mérito tiene muchos padres, pero los errores suelen ser huérfanos.
La hemeroteca, el acta de las juntas de accionistas y el espejo
La hemeroteca tiene una virtud que incomoda a los profesionales del olvido: no vota, no negocia y no cobra por guardar silencio. Conserva las declaraciones de ayer para que puedan compararse con las decisiones de hoy. No siempre ofrece toda la verdad, porque las palabras necesitan contexto, pero permite comprobar si existe coherencia entre lo que se dijo y lo que finalmente se hizo.
Por eso conviene consultarla sin convertirla en un arsenal partidista. No para demostrar que solo mienten los adversarios, sino para exigir a todos el mismo examen. También a los consejeros familiares, a los administradores y a quienes creen que la propiedad de unas acciones les concede licencia para administrar la confianza ajena. Revisen las actas de las juntas generales de accionistas y comprueben si se han resuelto las oportunidades de mejora o si ha caído en el olvido……
Porque el verdadero problema no es que un político cambie de opinión ni que un empresario cometa un error. El problema aparece cuando ambos se niegan a reconocerlo, manipulan los hechos para justificarse y pretenden que los demás confundan la obediencia con la lealtad.
La lealtad no consiste en aplaudir al jefe. Consiste en decirle la verdad, incluso cuando no le gusta. Y la autoridad no se demuestra imponiendo silencio, sino soportando preguntas.
El país de las narices largas
Quizá algún día debamos levantar un monumento nacional a Pinocho. No necesariamente a un político concreto, sino al personaje colectivo que hemos ido construyendo entre todos: el que promete sin intención de cumplir, manipula sin ruborizarse y considera que la memoria de los ciudadanos es un obstáculo administrativo.
Podríamos instalarlo frente al Congreso y colocar una réplica más pequeña en la entrada de cada consejo de administración. En la placa leeríamos: «A la palabra perdida, por los servicios prestados al poder».
Eso sí, habría que contratar una comisión para adjudicar el monumento, una consultora para evaluar su impacto reputacional y un consejo de administración que decidiera quién se queda con los derechos de explotación. Probablemente terminaríamos discutiendo si la nariz debe pagarse con fondos públicos o con cargo a la caja de la empresa familiar.
Mientras tanto, conviene recuperar una costumbre que parece revolucionaria: comparar lo que se dice con lo que se hace, pedir explicaciones y no confundir el poder con la razón.
Porque la mentira puede proporcionar una investidura, conservar un sillón o ganar una votación. Puede incluso sobrevivir durante años entre balances, comunicados y ruedas de prensa. Pero tiene un inconveniente: necesita que los demás olviden.
Y la memoria, aunque algunos crean haberla comprado, sigue siendo de dominio público.
En definitiva, la diferencia entre un político y un consejero deshonesto no está en el tamaño de la nariz, sino en el lugar donde pretende esconderla.
