La ex jefa de servicio y principal imputada en la trama de corrupción, Marta Renedo, ha confesado diversas irregularidades. No obstante, al verse acorralada ante la Justicia, atribuye a una exconsejera socialista y a un exdirector del mismo Gobierno del expresidente Vicente Álvarez Areces la responsabilidad de lo sucedido. En sus declaraciones califica el asunto como una subtrama del “enchufismo”. Una mecánica “muy habitual” en la Administración, según sus palabras. La historia se remonta a su etapa en la Consejería de Cultura que dirigía Ana Rosa Migoya y en la que Carlos Madera era su director general, ambos pertenecientes al partido socialista. La imputada explicó que los centros dependientes del departamento habían solicitado refuerzos de personal “bien por vacaciones o bien porque se iniciara otro tipo de actividades”; y como no habían bastantes créditos en el capítulo presupuestario destinado a pagar trabajadores, “se decidió que el gasto para contratar a ese personal para trabajar en la Administración se realizaría a través de unas empresas pantalla”.
La investigación del caso Marea es conocida también en el Principado como la trama “jamonera” por la multitud de regalos enviados a cargos públicos en la Administración, las Consejerías, los Ayuntamientos y otras instituciones públicas asturianas.
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La exconsejera Ana Rosa Migoya y Carlos Madera declararán como imputados en el ‘caso Renedo’
El juez instructor del ‘caso Renedo’, Ángel Sorando, llamará a declarar como imputados a la exconsejera de Cultura, Ana Rosa Migoya, y al exdirector general de Promoción Cultural y Política Lingüística, Carlos Madera.
De este modo, ambos altos cargos del gobierno del expresidente socialista Vicente Alvarez Areces serán llamados a declarar como imputados el próximo 8 de marzo, según información de la TPA.
La imputación se produce después de que Marta Renedo, ex jefa de servicio y principal imputada en la causa, implicara a sus superiores en supuestas contrataciones irregulares.
Y es que, el pasado 23 de enero, Marta Renedo pasó al ataque. La funcionaria imputada por los indicios que apuntan a que pudo apropiarse de entre un millón y 1,4 millones de euros de fondos regionales sumó hasta ese día tres declaraciones judiciales. En todas se había defendido sin salpicar a nadie. Entonces, sabiendo que la investigación está en su recta final, cambió de estrategia. La ex jefa de servicio estaba citada en el Juzgado de Instrucción 1 de Avilés para dar su versión sobre un expediente de contratación que permitió a Igrafo cobrar 198.003,38 euros por equipar un centro cultural que en realidad no existe. También debía explicar si un empresario estuvo pagando las nóminas de personal que trabajaba en la Administración regional y si para resarcirse se le instó a presentar facturas falsas.
Renedo asumió ambas irregularidades pero las atribuyó a sus superiores, mostrándose más dura al hablar de la subtrama del ‘enchufismo’. Según explicó, esta mecánica en la que participó es «muy habitual» en la Administración. La historia se remonta a su etapa en la Consejería de Cultura que dirigía Ana Rosa Migoya y en la que Carlos Madera era su director general. La imputada explicó que los centros dependientes del departamento habían solicitado refuerzos de personal «bien por vacaciones o bien porque se iniciara otro tipo de actividades»; «como no habían bastantes créditos» en el capítulo presupuestario destinado a pagar trabajadores, «se decidió que el gasto para contratar a ese personal para trabajar en la Administración se realizaría a través de esas empresas».
Las plazas vacantes las marcaban los centros y «se autorizaba por la dirección general su contratación». Este sistema «era en beneficio del Principado» y sirviéndose del mismo Renedo tramitó colocaciones de trabajadores en el Archivo Histórico, el Museo Barjola, en la biblioteca central y en el Archivo de Música, según recordó. La funcionaria aseguró que «mi superior jerárquico fue precisamente el que me presentó al gerente» de la empresa ‘pantalla’ que correría con los gastos del personal a reclutar. Luego era «personal del gabinete» de la consejería quien «me pasaba la relación de personas a contratar, con su DNI». Sólo en dos ocasiones habría tenido la propia funcionaria libertad para buscar al candidato que ella considerara más adecuado.
«Mis superiores me pasaron el nombre de cada uno», reiteró, confirmando a preguntas de un abogado que el listado habría incluido a la hermana del jefe de prensa de la consejería. También habrían sido «mis superiores» quienes decidieron que a la empresa que servía de ‘pantalla’ se la retribuyera con cargo a unas obras de cableado para las que sí había reserva presupuestaria. Sostiene Renedo que las resoluciones que ampararon estas contrataciones no las falsificó ella «dado que era público y notorio que ese personal trabajaba en la consejería».
Preguntada por «el expediente 1400006799, con resolución de fecha 10-08-2007 por el que se adquiere equipamiento con destino al centro cultural de Belén de la Montaña», Renedo dijo que sí lo recordaba y que obedecía a una «adquisición por parte de la Consejería de Cultura, cuya titular era doña Ana Rosa» Migoya.
Según la ex jefa de servicio todo habría partido aquí de una petición formulada «por el Ayuntamiento de Valdés» para amueblar este ‘centro fantasma’ y que en cumplimiento de la misma «la dirección general solicitó un presupuesto de equipamiento homologado» a la empresa Igrafo. Una vez recibido el presupuesto, «la dirección general» reservó fondos para atender la petición y, «siguiendo instrucciones de mi superior jerárquico», Renedo habría remitido la documentación a la intervención. ¿Por qué se pagaron equipos para un inmueble inexistente? «Lo desconozco», respondió la imputada, agregando que el desembolso «correspondía a un proyecto de inversión cultural que ya se había iniciado en 2006 en este mismo centro». El propio Consejo de Gobierno habría validado el convenio suscrito a tal efecto con el Ayuntamiento, una prueba que Renedo «solicita y ruega» al juez que recabe en su investigación.
