Los «marqueses de Galapagar» viven sus horas más tensas y tristes. Tras la alegría de la señora «marquesa», Irene Montero, al ver reflejada su vida en Vanity Fair, donde declara: «En cuanto a relaciones de pareja, soy conservadora», el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, le ha dado una terrible noticia. Resulta que el magistrado ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a su marido y vicepresidente del Gobierno social-comunista, Pablo Iglesias, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con «agravante de género», daños informáticos y acusación o denuncia falsa, que por lo visto supuso una simulación de delito en el denominado caso Dina. Además, solicita que investiga el supuesto robo del móvil de una exasesora del líder de Unidas Podemos.
La gran pregunta es: ¿qué opina la ministra de Igualdad y las feministas de la acusación al vicepresidente Iglesias de revelación de secretos con «agravante de género»?, ¿regresará el político a su pisito de Vallecas o terminará en una prisión de Carabanchel?, ¿volverá la ministra a su puesto de reponedora de supermercado o sustituirá a su marido en la dirección del partido?, ¿les quedará algún ápice de ética o presentarán su dimisión conjunta e inmediata de acuerdo a sus propias directrices para criticar casos similares en otros partidos…?
El magistrado de la Audiencia Nacional entiende que hay indicios suficientes, o sea que no se trata de una invención de la derecha, de que Pablo Iglesias promovió una investigación judicial contra las supuestas cloacas de Interior, como suele tildarlas el propio «marqués de Galapagar», a sabiendas de que no tenían nada que ver con esa presunta sustracción del teléfono. Según el instructor, el vicepresidente Iglesias, socio de Pedro Sánchez, auspició este supuesto bulo en los tribunales con el único fin de conseguir «ventajas electorales» en los comicios de abril de 2019 presentando al partido morado como víctima de la guerra sucia del Estado. Vamos que nos vamos…
