Antes de dedicarse al trapicheo, el duque de Palma Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, ejerció de hostelero como copropietario de un restaurante en Barcelona. Ahora, el noble “empalmado” se enfrenta a una pena de cárcel entre 18 y 20 años, y casi 17 años para su exsocio, Diego Torres. Tras los pasos por los fogones, Urdangarin es acusado de haber urdido y liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros.
Por su parte, la Infanta Cristina tendrá que hacer frente a una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de alrededor de un millón de euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
En sus inicios “empresariales” Iñaki Urdangarin fue socio del restaurante “El Pou”, rebautizado con el nombre de Osinberri aunque mantuvo el nombre de la sociedad mercantil Avibo S.A. Algunos proveedores se han puesto en contacto con el GASTRODIARIO parahoreca.com para denunciar supuestas irregularidades que se quedan chiquitas con los últimos acontecimientos protagonizados por el yerno del rey Juan Carlos de Borbón.
Ver enlace: Los gustos gastronómicos de la infanta Cristina de Borbón y su consorte Iñaki Urdangarin
Entre 10 y 12 años para Matas
En el ámbito balear, entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrentará a una solicitud de entre 10 y 12 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude. El resto de exaltos cargos de las islas -el exdirector general de Deportes, José Luis ‘Pepote’ Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico de ésta Miquel Àngel Bonet– afrontarán peticiones que en conjunto suman unos 20 años de prisión.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicitará un total de 30 años de privación de libertad para todos ellos. Se trata del exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela; la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar.
Finalmente, a cerca de siete años se enfrentará la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que también engrosarán la lista de acusados la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
Las empresas del entramado
El fiscal sostiene que para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban, a través de sus empresas, precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de las sociedades controladas por los dos imputados.
Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.
El fiscal Horrach apunta a que mediante este mecanismo, estas entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.
La instrucción del caso Nóos llegó a su fin el pasado mes de junio tras más de cuatro años de investigaciones en torno a las actividades presuntamente irregulares llevadas a cabo a través del Instituto Nóos. Y es que fue a principios de 2010 cuando las pesquisas darían sus primeros pasos para acabar estallando de forma definitiva en noviembre de 2011 con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas.
